AÑO 2004
El 4 de octubre trabajadores desocupados volvieron a cortar la ruta 3 y a ocupar las instalaciones de Termap en Caleta Olivia, Santa Cruz, pidiendo trabajo genuino. La justicia ordenó a gendarmería reprimir, dejando un saldo de 36 detenidos que denunciaron torturas. Treinta de ellos recuperaron su libertad relativamente rápido. Marcela Constancio, Elsa Orozco, Selva Sánchez, Jorge Mansilla, Mauricio Perancho y Hugo Iglesias permanecieron detenidos varios meses por los cargos de usurpación, resistencia a la autoridad y entorpecimiento de la explotación económica.
El Presidente Kirchner inició el año declarando “No vamos a criminalizar, pero hay que poner límites a la protesta”. Sin embargo, siguieron reactivándose causas antiguas, como ocurrió en abril cuando la sala III de la Cámara de Casación retomó una causa de diciembre de 2001 iniciada cuando nueve maquinistas hicieron un piquete en las vías del tren durante 40 minutos. Habían sido detenidos y llevados a juicio, la cámara de apelaciones de San Martín los sobreseyó, pero casi 2 años y medio después la Cámara de Casación anuló ese fallo.
AÑO 2005
El 20 de julio fue reprimida una manifestación en Cañadón Seco, Santa Cruz, donde más de 200 trabajadores reclamaban puestos de trabajo en la planta Deshidratadora de Petróleo, perteneciente a Repsol YPF. Fueron violentamente desalojados, dejando 60 detenidos. Todavía permanece preso Cristian Ruiz
02/07/05, Santa Cruz. Delegados de ATE fueron detenidos con la acusación de coacción y trasladados a los extremos territoriales de la provincia. Al mismo tiempo, delegados de ATE de la Ciudad de Buenos Aires arrojaron panfletos en el interior de la Casa Rosada y dos sindicalistas fueron detenidos por desobediencia.
20/07/05, Santa Cruz, Cañadón Seco. Gendarmería y Policía Provincial desalojaron violentamente a trabajadores que ocuparon una planta petrolera. Hubo más de cincuenta detenidos. 500 agentes iniciaron la represión con gases lacrimógenos, palos y balas de goma. La represión continuó contra los familiares y amigos de los detenidos que reclamaban por su libertad. Frente a la comisaría 3ª de Caleta Olivia, el GEOP llegado especialmente desde Río Gallegos, apaleó a la gente.
18/08/05, Pico Truncado, Santa Cruz. Medio centenar de desocupados venían reclamando frente a las instalaciones de Repsol-YPF desde hacía 9 días capacitación y trabajo. La jueza Ruata de Leone ordenó la represión. Se encarceló a 19 trabajadores desocupados, desatándose una cacería sobre familiares y manifestantes en diferentes lugares del poblado, que fueron perseguidos durante casi 6 horas.
AÑO 2006
El 6 de febrero, en la ciudad de Las Heras (Santa Cruz), tras el reclamo de trabajadores petroleros por el encuadramiento sindical, aumento de salarios y reducción del impuesto a las ganancias a los trabajadores, fue detenido el referente del sindicato mientras estaba en una estación de radio local. La comunidad reaccionó con una pueblada frente a la comisaría, que logró la libertad del dirigente detenido. A raíz de la muerte de un policía durante la protesta, comenzó una cacería ordenada por la jueza kirchnerista Ruata de Leone al personal de gendarmería. Más de veinte detenidos en ilegales y violentos allanamientos denunciaron haber sido torturados, entre ellos un menor de 14 años. En la actualidad ocho trabajadores continúan presos y la ciudad de Las Heras sigue militarizada.
LAS HERAS, ESPEJO DE LA POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS DEL RÉGIMEN KIRCHNERISTA.
Cuarenta y dos trabajadores de la empresa INDUS fueron despedidos por ejercer el derecho de huelga. Las medidas de lucha llevadas adelante concluyeron con la detención de un referente sindical, lo que levantó la pueblada que fue a reclamar su libertad a la comisaría. Allí fueron recibidos con un operativo policial que inició la represión generando un enfrentamiento en el que resultó muerto el policía Sayago. El fundamento de la UOCRA para dejarlos aislados fue “haber participado en la rebelión”.
El 24 de febrero de este año, con el aporte de servicios de inteligencia, la policía santacruceña y la gendarmería nacional, hubo un nuevo paso de los gobiernos provincial y nacional en la persecución contra el pueblo y sus sectores en lucha. El mega operativo desplegó centenares de fuerzas represivas, se allanaron casas, golpeando y torturando vecinos y trabajadores. En pocos días se detuvo a más de 20 personas acusadas de haber participado en la pueblada de la noche del 6 de febrero.
Apoyado en la campaña cómplice de los medios de comunicación, cuyo estandarte fue el periodista Van Der Koy del grupo Clarín clamando por escarmiento, el gobierno kirchnerista, siempre defendiendo los intereses empresarios, impulsó una parodia de “investigación judicial” cuyo único fin es condenar la lucha obrera y popular. Paradójicamente, esto ocurrió a días de la escandalosa reforma del consejo de la magistratura que puso en evidencia ante toda la sociedad el sometimiento del poder judicial al poder político de turno. Las medidas dispuestas por la jueza Graciela Ruata de Leone carecen de toda credibilidad y responden a la orden feudal del gobierno de Kirchner que requiere culpables para disciplinar a los trabajadores y al pueblo. La justicia santacruceña, que en nada se diferencia de las tan cuestionadas santiagueña, riojana o salteña, supervisó personalmente a través de la mencionada jueza los operativos, dirigidos por el jefe de la policía provincial, a la vez representante de la SIDE en la provincia presidencial. Es la misma jueza que ordenó la represión en noviembre de 2004, y toleró las torturas a las que fueron sometidos los detenidos en la comisaría de Las Heras, cuyo saldo más dramático fue la pérdida del embarazo de la trabajadora Karina Sauco.
El gobierno nacional, además de responder a las demandas populares con el envío de las tropas de Gendarmería, destacó a operadores políticos que reportan directamente a Aníbal Fernández y Néstor Kirchner como Héctor Masquelet (responsable del Consejo de Seguridad Interior), al secretario de Seguridad Luis Tibiletti y a su segundo, Ricardo Colombo.
En su momento junto a un conjunto de organizaciones a través del comité de apoyo, dijimos que en el marco de “esta campaña de persecución, la militarización con 300 gendarmes, brigada de investigaciones y policía de distinto tipo, que actúan bajo la supervisión política del gobierno de Acevedo y Kirchner, han dado un salto en la represión, encarcelando a gente del pueblo”.
Fueron parte de la metodología represiva las detenciones ilegales, torturas, allanamientos ilegales, rechazos a presentaciones judiciales, ilegalidad en la investigación, etc.
Pese al silencio de los medios de comunicación, se supo de todas maneras que para detener a Darío Catrihuala levantaron primero a su padre, a su cuñado y a su hermano, es decir, a todos los hombres de la familia. En especial su hermano sufrió una descomunal paliza. Se supo que otro de los detenidos, Ramón Cortés, había denunciado días antes ante la propia jueza Ruata haber sido secuestrado y torturado para que "cantara" quiénes participaron de la pueblada del 7 de febrero. Al niño de 14 años, detenido aunque fuera inimputable, lo tuvieron que liberar después que los vecinos, acompañando a la familia, hicieran varias marchas e irrumpieran en el consejo deliberante local. Hasta la viuda del policía Sayago, que por otra parte expresa los reclamos habituales de la familia policial, admitió que hubo "abusos" de parte de la policía al proceder a las detenciones.
Los presos fueron distribuidos en lugares alejados, impidiendo todo contacto con sus compañeros, familiares, o abogados. A pesar del secreto absoluto en que se manejó semejante "recta administración de justicia", se supo en su momento de la imputación de "homicidio calificado", en concurso con otros graves delitos, como lo común a todos los detenidos. Esa calificación masificada habla por sí misma de la discrecionalidad con que actuó la jueza que en su juventud compartiera el aula con la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Como denunciaron familiares de los detenidos, trabajadores y ciudadanos: Las Heras militarizada, teléfonos celulares sin señal y cortado el servicio de Internet.
La Corte Suprema de la Nación rechazó el Habeas Corpus que varias organizaciones, entre ellas CORREPI, presentaron en beneficio de las personas arbitrariamente detenidas en Las Heras por la jueza Graciela Ruata de Leone. Se insistió con una nueva presentación, exigiendo poner fin a la "gravísima situación de indefensión en que se encuentran tanto las personas detenidas como el conjunto de la población de Las Heras, dado que la jueza (...) está actuando al margen de toda legalidad, transgrediendo todas las garantías procesales imaginables, y manteniendo privadas de su libertad con afectación de su integridad física a veinte personas, además de haber generado en la zona una situación de verdadera suspensión de facto de todas las garantías y derechos constitucionales".
El escrito, firmado por representantes de CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional); APEL (Asociación Profesionales en Lucha); CEPRODH (Centro de Profesionales por los DDHH), LIBERPUEBLO, LADH (Liga Argentina por los Derechos del Hombre) y MTL (Movimiento Territorial Liberación), denunció que las personas detenidas, arbitrariamente seleccionadas entre el casi millar de manifestantes que la noche del 6 al 7 de febrero pasado reclamaron la liberación de un referente sindical detenido en la alcaidía policial de Las Heras, estaban siendo indagadas con una descripción de los hechos genérica e imprecisa, sin indicar la conducta específica que se imputaba a cada una. Textualmente, se reprochaba a cada compareciente que "habría estado presente en el lugar", lo que impide materialmente ejercer el derecho de defensa en juicio.
Hubo personas citadas en carácter de "testigos" a los que luego ubicaron en una ronda de reconocimiento, para que alguien los señale y los incrimine. Hubo detenciones producidas por una comisión policial de operaciones especiales, irrumpiendo violentamente en una asamblea que estaban llevando a cabo los trabajadores de la petrolera Indus. El operativo fue encabezado por el titular de la Cría. 1ª, sin exhibir ninguna orden de detención, como tampoco su identificación.
Tan manifiesta es la ilegalidad de la investigación, y tan comprobadas las denuncias de torturas, que hasta el presidente Kirchner tuvo que admitirlas como verdaderas, aunque como los militares en su momento, haya calificado lo actuado por su jueza, su policía y su gendarmería de "excesos", y respecto de las ilegales detenciones de los represaliados de Las Heras sólo se habló de "abusos". El propio K, que mandó a Hebe de Bonafini como emisaria para mediar entre las petroleras y el gobierno santacruceño por un lado y el pueblo por el otro, recogió el guante de los llamados "excesos", y la jueza, a partir de allí, dándole la razón, procesó a 12 policías por haber "apremiado ilegalmente" durante las detenciones de los trabajadores patagónicos. Otra vez la utilización de una figura penal que encubre la tortura y garantiza penas menores, excarcelables, evitando aplicar el tipo de tormento, que implica coacción institucional, es decir aplicar suplicios con el fin de que los torturados "canten", es decir, se auto incriminen o acusen a otros.
Sobre el elemental principio del "fruto del árbol envenenado" la causa contra los trabajadores deviene totalmente nula, ya que es evidente, por el propio procesamiento de los policías, que obtuvieron pruebas supuestamente incriminatorias a través de la tortura, y la que estaba al frente del proceso era la magistrada, empleada del poder kirchnerista.
Esos procesamientos se inscriben en el intento de disimular ese carácter, porque aun disfrazada de "apremios" tuvieron que admitir que la tortura fue el método usado para implementar el terror frente a la rebelión popular. El 9 de junio, la Cámara de Apelaciones de Caleta Olivia, con voto del juez Miguel Ángel Meyer, liberó a dos detenidos y rectificó el procesamiento con prisión preventiva a los otros seis imputados; Darío Catrihuala, Alexis Pérez, Ramón Cortez, Juan Pablo Bilbao, Juan Domingo Bilbao y José Enrique Rosales.
Un montaje sobre una investigación ilegal, que no hace más que mostrar una vez más que el presidente Kirchner se propone responder con represión a los levantamientos populares que son resultado de este sistema de hambre y represión.
