Dos militares fueron procesados acusados de "estaquear" a un combatiente de la Guerra de Malvinas en un instituto castrense, antes de ser enviado a las Islas, en la primera medida de este tipo que toma la Justicia en una causa por maltratos a ex combatientes.
La resolución recayó sobre el ex sargento Hugo Alvarez y el ex capitán Daniel Delfor Polano, quienes fueron procesados sin prisión preventiva, por delitos de lesa humanidad y se les trabó un embargo a cada uno por el valor de 300 mil pesos.
Los dos fueron imputados por la magistrada Eva Parcio de Seleme de "estaquear" por más de tres horas al entonces soldado Juan Carlos Gómez, quien prestaba servicios en la III Brigada de Curuzú Cuatiá, antes de que fuera trasladado a las Islas Malvinas para enfrentar a las fuerzas británicas.
Los castigos impuestos al soldado habrían tenido lugar en el Liceo Militar General Roca, debido a que Gómez llegó a una formación militar sonriendo.
El soldado sufrió maltratos y padeció un principio de congelamiento, según indicaron las fuentes allegadas a la causa.
Antes de dictar la medida, la jueza conjuntamente con personal de Gendarmería habían realizado una inspección ocular por el liceo Militar de General Roca, donde tuvieron lugar los hechos.
Este expediente nació como un desprendimiento de la causa principal que se inició en abril de 2007 y que es investigada por la jueza federal de Río Grande (Tierra del Fuego) Lilian Herraez, donde más de 80 ex combatientes declararon sobre situaciones de hambruna, estaqueos y hasta un homicidio del cual fueron testigos.
Según ya lo adelantó la propia jueza Herraez en el curso de este año empezará con el llamado a indagatoria a personal militar, algunos de los cuales aún están en funciones, y no descartó que pueda haber detenciones.
El año pasado, el fiscal federal Marcelo Rapoport redactó varios dictámenes pidiendo que se impute a más de 50 militares, y solicitó que esos delitos estén encuadrados como "crímenes de guerra" y de "lesa humanidad".
Además, en aquella oportunidad el fiscal solicitó varias medidas, entre ellas que se le requiera al Estado Mayor General del Ejército y también al de la Armada "el listado de los soldados y de la oficialidad y suboficialidad a cargo de los distintos regimientos que participaron en el conflicto y que
fueran señalados en el relato de los hechos".
También solicitaron testigos de los casos denunciados.
