Dos de cada 100 personas que residen en el conurbano no tienen DNI; en las villas, la cifra crece hasta alcanzar al 25 por ciento
Padre muerto, madre enferma, Gustavo B. se crió con sus hermanas entre las casillas de La Cava, en San Isidro, mientras sus tres hermanos salían a robar bancos. Los tres murieron bajo las balas policiales y a él le dejaron bien en claro que si caminaba por la misma senda, en la que por cierto ya daba sus primeros pasos, los reencontraría a los tres en el cementerio. Pero en su caso, sería una tumba para NN. Con 17 años y a punto de ser padre, Gustavo aún hoy no tiene documento de identidad ni partida de nacimiento. Es un marginal entre los marginales, de esos que no entran ni en las frías estadísticas de la muerte.
"Antes me mandé algunas cagadas, pero ahora prefiero trabajar", apoyado contra una pared de la Casa de Galilea, frente a la parroquia Nuestra Señora de La Cava. Desde allí, un puñado de voluntarios lleva años guiando a docenas de Gustavos. Chicos, madres, abuelos, incluso dos o tres generaciones de argentinos indocumentados que, a pesar de vivir en la marginalidad, al menos tienen nombre y apellido oficiales.
En la provincia de Buenos Aires, los argentinos invisibles alcanzarían al 1% -unas 150.000 personas-, pero en el segundo cordón del conurbano, el más pobre y densamente poblado, ese porcentaje respecto de sus habitantes se duplicaría o mucho más. Es una de esas realidades impensadas, una de las dimensiones paralelas en las que viven miles y miles de argentinos, en el Gran Buenos Aires, a menos de una hora del Obelisco.
"Hay escuelas en áreas necesitadas, como en Boulogne, donde hasta un cuarto de los alumnos carece de DNI", alerta Jorge Alvarez Núñez, referente de esos voluntarios que conformaron el Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de Políticas Públicas (Iadepp). Esa cifra se verificó, por ejemplo, en la escuela N° 28 a mediados de 2008, cuando con el apoyo de su entonces directora, Sandra Papa, detectaron y ayudaron a familias enteras, hasta alcanzar al 25% de la matrícula.
Al frente de Iadepp, Alvarez Núñez dice que los indocumentados encarnan "un problema de la pobreza estructural urbana", esa en la que Gustavo subsiste desde que llegó al Gran Buenos Aires, cuando tenía dos años. Un mundo paralelo en el que trabajar en blanco o acceder a un plan social es imposible, y en el que votar, reclamar ante la Justicia u obtener un crédito es lo de menos.
"Las escuelas estatales inscriben a chicos indocumentados en forma precaria con el afán de garantizarles su derecho a la educación, pero no pueden entregarles el certificado final de estudios", detalla Alvarez Nuñez. "En los hospitales públicos, la situación es similar. Se atienden urgencias y se realizan vacunaciones sin DNI, pero no efectúan tratamientos prolongados, como los de VIH, ni intervenciones complejas".
"También tenés problemas para sacar a tus propios chicos del hospital", recuerda Lorena Davis, de 30 años y con seis hijos. Ella sólo ahora tiene su DNI; logró que algunos de sus chicos los obtuvieran y comenzó los trámites para que otros dos accedieran a los suyos. "Cuando quedé embarazada, tenía 16 -relata-, y cuando tuve al bebe, anduve esperando varios días en el hospital hasta que fueron mis padres a sacarnos."
En busca de datos
El problema que comienza a sufrir Gustavo, por el que ya pasó Lorena, tiene múltiples facetas. El de la ignorancia -al creer que pueden terminar en la cárcel si solicitan su DNI de grandes-, y el de la muralla burocrática, entre otros. Para Gustavo, incluirá el rastreo de algún dato de su nacimiento en Misiones, de donde se marchó cuando tenía 2 años.
Lorena pasó por algo similar, entre Don Torcuato y Tigre, y demoró 3 años en obtener su documento. Incluyó viajes al Juzgado de Paz de San Isidro, el registro en La Plata y el de Boulogne. Ya con DNI, sueña con acceder a un trabajo en blanco y que sus hijos aparezcan en los radares escolares. "Cuando pasaban lista, yo no estaba, porque no existía", dice.
Sin documento, ella no accedió a ningún plan social ni le daban leche para la hija más chica, Ilén, a la que crió casi sola porque su pareja está en un centro de rehabilitación. Otra vez, la negativa vino por su identidad ausente. "Iba a los centros comunitarios y les pedía para la nena, pero siempre me decían: «Si no tenés [el DNI], no te doy»."
"El DNI es central como instrumento para acceder a derechos", resume la coordinadora del área de Construcción de Ciudadanía de Poder Ciudadano, María Batch. O, dicho de otro modo, ese documento no es otra cosa que un "instrumento de inclusión social", que reduce la marginalización, el efecto de insularización que padecen decenas de miles de argentinos en las sombras.
Alvarez Núñez sabe de esas sombras. Las registra desde hace siete años, cuando comenzó a ayudar. Sabe de cárceles donde el 15% de la población carece de papeles, y de por lo menos 2500 casos en San Isidro. También, que en Pilar abrieron una oficina para ayudarlos, que en el asentamiento 13 de Julio, de José León Suárez, hay más de 30 chicos en esas condiciones, que en Maquinista Savio (Escobar) "está repleto" de invisibles. Y también que los hay en Avellaneda, Tigre ("estuvimos una mañana y aparecieron 70, que nos dijeron que conocían a otros") y San Fernando.
"Estamos hablando de la Argentina indigente, de quienes no tienen quien los asista ni que les diga qué deben llevar o cómo buscar una constancia de parto y qué hacer con ella si la tienen; que les traduzca los procedimientos burocráticos", explica el rostro del Iadepp, que muestra también atisbos de fastidio. "Cuando hablamos de escuelas con tantos pibes sin documentos, me pregunto a qué se dedican los asistentes sociales de esas escuelas. ¿Dónde estuvieron todos estos años, cuando los pibes no presentaban su documento? ¿Qué hicieron?"
Las escuelas responden que hacen lo que pueden. Muchas funcionan en el conurbano, más como comedores sociales que como centros educativos. Por eso, tanto Batch como Alvarez Núñez coinciden en que el decreto que firmó Cristina Fernández de Kirchner -el 90/2009, que aún no fue reglamentado-, será un buen primer paso para simplificar los trámites, aunque falta más. "Para que el decreto funcione -dice él-, los municipios tienen que asumir un rol protagónico, facilitar los trámites de los indocumentados."
Si eso no ocurre, los desafíos que afronta Gustavo B. -y, como él, tantos otros-, sólo se agudizarán. Su novia, de 16, está embarazada. Dará a luz a fines de año. Vive con su suegra, en La Cava. No tiene trabajo; abandonó la escuela en séptimo grado y le ofrecieron trabajar en una pizzería o de jardinero, pero el DNI sólo lo obtendrá, con suerte, dentro de un año o dos. ¿Qué hará cuando su mujer le diga que el bebé tiene hambre o que no tiene para pañales? Gustavo se muestra parco. "Antes no tenía ni ganas de hacer los trámites. Ahora quiero trabajar, pero no me dejan."
