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ACTUALIDAD
Unos US$ 160 mil en coimas que la petrolera norteamericana Helmerich & Payne (H&P) admitió en su país haber pagado desde el 2003 a empleados de la Aduana argentina tiene aquí y ahora un capítulo local.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) inició un sumario interno y, además, radicó una denuncia penal para que se investigue a los funcionarios que cobraron las coimas así como a quienes las pagaron.
El viernes, el titular de la AFIP, Ricardo Etchegaray radicó la denuncia por cohecho y tráfico de influencias, en la que intervendrá el juez federal Eduardo Rafecas.
La semana pasada, en un acuerdo alcanzado con la Securities and Exchange Commision (SEC, la comisión de valores norteamericana), H&P reconoció ante su gobierno que su subsidiaria en la Argentina pagó US$ 160 mil a empleados de la Aduana, entre 2003 y 2008, para agilizar el despacho de sus mercaderías.
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ACTUALIDAD
Carta documento mediante, el ministro de Planificación, Julio de Vido intimó al ex gobernador santacruceño, Sergio Acevedo, para que se retracte de sus acusaciones sobre irregularidades en la obra pública. La intimación llegó al estudio jurídico de Acevedo en Pico Truncado en la misma semana en la cual la Justicia federal decidió citarlo para que testifique en el expediente en el que se investiga a Néstor Kirchner y al propio De Vido, y en el que estarían involucrados también los empresarios de
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, intimó al ex gobernador de Santa Cruz Sergio Acevedo para que se retractara por las acusaciones que había hecho durante una entrevista con el matutino porteño 'La Nación' sobre irregularidades en la obra pública en esa provincia, en las cuales estaría involucrado el propio ministro.
Por medio de una carta documento, De Vido le dio a Acevedo un plazo de 48 horas para que rectificara "las afirmaciones injuriosas y calumniosas vertidas" en la nota. El ex gobernador no se retractará, según informa hoy el mismo matutino involucrado.
En la entrevista, Acevedo deslizó sospechas sobre el incremento patrimonial del ex presidente Néstor Kirchner y denunció irregularidades sobre el manejo de la obra pública en Santa Cruz.
Además, detalló que estaba cartelizada y que había presiones para beneficiar a determinadas empresas. "Presumo que hay un robo para la corona", respondió el ex gobernador ante una pregunta en ese sentido. "Seguro", replicó a la pregunta de si De Vido, como ministro de Planificación, tenía que ver con el manejo de la obra pública.
Como prueba de sus palabras explicó que cuando él era gobernador pagaban $30 millones por mes en obra pública, nacional y provincial. "Nos fuimos y a los dos meses estaban pagando más de $100 millones de pesos", detalló el ex mandatario al recordar su distanciamiento del gobierno nacional. Según su relato, el ministro Julio De Vido tenía incidencia en estas irregularidades.
En la carta documento, enviada en representación de De Vido por el abogado Luis Emilio Osler, el ministro amenazó a Acevedo con iniciar acciones civiles y penales en caso de que no se retractara.
Las denuncias del ex gobernador generaron también un pedido del fiscal Gerardo Pollicita para que declarara como testigo en una causa en la que Kirchner, De Vido y empresarios de la construcción están acusados de integrar una asociación ilícita. El juez Julián Ercolini ya decidió convocar a Acevedo para que brinde detalles de las irregularidades.
El detalle
El escrito lleva la firma de Luis Emilio Osler, un abogado del estudio Virgolini, que representa a De Vido en todas las causas judiciales. Según informaron fuentes del ministerio al diario 'Crítica de la Argentina', la decisión de intimar a Acevedo no fue una recomendación de los abogados sino del propio De Vido, que repitió la fórmula que ya aplicó con Elisa Carrió en una demanda civil por daños y perjuicios que llegó a un juicio oral en el que la diputada electa fue absuelta.
"En nuestro carácter de representante del señor Julio Miguel De Vido y por expreso pedido de nuestro mandante –comienza la carta documento–, intimamos a Ud. a que en el plazo de las 48 horas de recibida la presente rectifique las afirmaciones injuriosas y calumniosas vertidas contra nuestro representado".
Tras sus declaraciones en 'La Nación', el mandatario repitió sus argumentos en viarios programas de radio y televisión, y fue en ese contexto, que el fiscal Pollicita solicitó al juez, que tiene a su cargo la causa por supuesta asociación ilícita, que lo cite a declaración testimonial.
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REGIONALES
21 día y medio tardó el remolcador C-Sailor en recobrar la carga del fondo marino que se hundieron con el Polar Mist. La foto de OPI que ilustra esta nota muestran una de las bolsas con bullón doré rescatadas del barco. Este mediodía la carga fue trasladada al Banco Nación de Puerto Santa Cruz.
El día 13 de julio cuando asistimos a la partida del remolcador C-Sailor del puerto de Punta Quilla, adelantamos que la operación duraría entre 10 y 20 días, de acuerdo a las condiciones meteorológicas en las que tuvieran que trabajar los rescatistas del oro hundido con el Polar Mist.
La dotación de buzos del C-Sailor tardó 21 días y medio en completar la operación y como fuera adelantada por OPI el 21 de julio, luego de la última incursión al fondo marino se logró reflotar el cargamento, excepto parte del contenido de una canasta que se desprendió cuando estaba siendo izada, tal como lo señalamos en la misma nota de hace 13días atrás.
Nuestras fuentes indicaron que este mediodía la carga se estaba moviendo desde el muelle de Punta Quilla al Banco Nación de Puerto Santa Cruz donde fue depositada en la bóveda de la entidad asignándole, por orden de la justicia, una guardia permanente de Prefectura Naval.
El hermetismo alrededor de la operación ha sido total, desde que nuestra Agencia publicara los detalles del rescate y diera a conocer un video con la actividad de reaprovisionamiento del C-Sailor. De hecho, las fuentes le habían informado a OPI que en la entrada del remolcador a puerto en Punta Quilla, iba a ser prácticamente imposible acercarse al muelle, debido a la orden de acordonar con seguridad toda el área, para algunos de una forma desproporcionada e inexplicable dado las características del lugar y de la carga.
En las últimas horas medios especializados de Alemania y España se han comunicado con OPI tratando de averiguar detalles de este rescate y en todos los casos los corresponsales coinciden en que no es normal tantas medidas de seguridad para cubrir un naufragio que, por el tipo de carga que llevaba, debiera tener un tratamiento informativo más transparente. De hecho nos señalaban que en un medio Ruso, donde también se ha replicado la nota del Polar Mist, se inserta un video con el rescate de un submarino atómico de ese país, y el mismo fue absolutamente difundido en todos sus detalles sin ningún tipo de problemas.
Mientras tato en Puerto Santa Cruz descansan las barras de bulón doré extraídas de las bodegas del Polar Mist. Sin embargo están allí porque hasta el momento no han sido reclamadas por ninguna de las partes como corresponde en estos casos.
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REGIONALES
El problema de Las Heras, donde desocupados mantienen tomado el Concejo Deliberante, persiste, aunque las fuerzas vivas de la ciudad han intervenido para evitar el desalojo por la fuerza de las personas que permanecen allí y mediar en la búsqueda de una solución de trabajo para los casi 200 habitantes de esa localidad que no tienen ocupación o han sido despedidos de las empresas petroleras.
Prosiguiendo con el conflicto suscitado en Las Heras la semana pasada, cuyo mayor pico de tensión lo tuvo el día viernes cuando se anunciaba el desalojo por parte de Gendarmería, de los desocupados que tomaron en HCD; este fin de semana se llevaron a cabo reuniones y conversaciones entre distintos sectores de la localidad para buscar en conjunto una salida a la tensión social que aún no se ha terminado en la ciudad la cual recuerda otras crisis similares que concluyeron de manera trágica.
El día sábado fue convocada y realizada en la Sede de la Cámara de Comercio de Las Heras la Organización Multisectorial de la Localidad, acompañaron en la reunión representantes de Junta Vecinal Zona de Chacras, Comisión de Padres de Desocupados, Empresarios de la localidad, Partido Justicialista (Sr Pérez), Agrupación 17 de Octubre (Dr Néstor Hernández), Partido Radical (Sr Beitia), representantes de los manifestantes desocupados, del Gremio ATE, concejal Graciela Artiles, y a pesar de ser invitados estuvieron ausentes el Sindicato del Personal Jerárquico del Petróleo y el Sindicato de Trabajadores del Petróleo y Gas Privado.
Los puntos a resaltar de la reunión fueron “arbitrar todos los medios necesarios para mantener la Paz Social en la Localidad y contener los momentos de tensión que se están viviendo en la misma y la formación de una Comisión de Seguimiento a la gestión comprometida por el Sr Intendente Teodoro Camino, así lo confirmó a este medio Susana Barrera Presidente Camara de Comercio Industria y Afines de esa localidad.
Asimismo se conformó una Comisión de Seguimiento, los desocupados y el Intendente de la Localidad para analizar los casos de más urgencia social. A partir de allí se decidió ubicar a algunos de las personas que mayor urgencia tienen en materia laboral y el resto aún permanece a la espera de una resolución favorable para la situación particular de cada uno.
Héctor Laureano Blanco, un vocero de los desocupados que habló con OPI, dijo esta mañana que si bien sus compañeros permanecen dentro del Concejo Deliberante, han reducido el número de desocupados que están ubicados en la sala de sesión para permitir el trabajo normal de los ediles, aún cuando el desocupado expresó que excepto la Concejal Ardiles, ninguno de los otros había concurrido al Concejo.
Blanco también reconoció que gracias al esfuerzo conjunto de la Multisectorial lograron detener la amenaza de represión, debido a que el viernes, tal como lo adelantáramos en las últimas horas de ese día, era inminente la llegada de la Gendarmería para proceder al desalojo a partir de una denuncia radicada por el Concejal Claudio González.
“No dijeron que los Concejales retiraron la denuncia y nosotros nos comprometimos a permitir que ellos puedan cumplir normalmente su tarea, pero de todas maneras seguimos adentro esperando que nos den una solución de trabajo”, concluyó el trabajador desocupado. 
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INTERNACIONALES
Las antenas de 32 estaciones de radio y de dos de televisión dejaron de transmitir este sábado en Venezuela, entre ellas las del circuito radial CNB, el de mayor sintonía y de línea editorial opositora, tras la decisión del gobierno de cesar las concesiones a un primer grupo de emisoras investigadas por inconsistencias legales.
La medida, que puede alcanzar en los próximos días a 240 radioemisoras --40 por ciento del parque radiodifusor del país-- y a 45 televisoras, se produjo mientras crecen las voces de alarma por una nueva ley propuesta al parlamento para castigar a las personas que al expresarse por cualquier medio incurran en "delitos mediáticos".
"Dicen que el gobierno está detrás (persiguiendo) de los radiodifusores, pero solamente estamos cumpliendo con lo que dice la ley", afirmó Diosdado Cabello, ministro de Obras Públicas considerado mano derecha del presidente Hugo Chávez, al anunciar "las primeras 34 decisiones que tomamos".
Las frecuencias les fueron retiradas a las estaciones por fallecimiento del titular de la concesión --el gobierno se rehúsa a que sea hereditaria--, por vencimiento de la licencia sin que se haya renovado adecuadamente la concesión o porque la autoridad que regula las telecomunicaciones consideró improcedente o incompleta la solicitud de cambio de la titularidad.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), órgano gubernamental para conducir el sector, fue puesto bajo las órdenes de Cabello hace tres meses.
"Cuando tomamos la decisión de democratizar el espectro radioeléctrico estábamos hablando en serio, y vamos a hacerlo ya", dijo Cabello al anunciar que las licencias retiradas se entregarán a otros aspirantes a poseerlas. "Quien se sienta vulnerado en sus derechos, que acuda al Tribunal Supremo de Justicia", agregó.
Nelson Belfort, presidente de la empresarial Cámara de Radio, consideró que "hubo una preselección muy sospechosa de las emisoras a cerrar. Lamentamos que se pueda cerrar un medio de comunicación en Venezuela y menos sin un debido proceso". Belfort es el principal propietario de CNB (Circuito Nacional Belfort), que posee 11 emisoras y al que se enlazan parcialmente otras 30 en todo el país, con programas de variedades y de información y con una opinión editorial opositora, incluido el popular vespertino "Aló Ciudadano", que se transmite simultáneamente por radio y televisión.
Decenas de personas se agolparon a las puertas de las emisoras CNB cerradas en Caracas y en otras cuatro ciudades para protestar contra la medida.
William Echeverría, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, dijo a IPS que la entidad "da una campanada de alerta ante la ciudadanía para que reaccione y proteste enérgicamente, en el marco de la Constitución, ante esta ola de atropellos".
Echeverría proclamó que "podrán cerrar los medios de comunicación pero no nuestras conciencias" ante los micrófonos de CNB de Caracas al momento del cierre.
El Colegio de Periodistas llamó la atención en un comunicado sobre "el modus operandi del Estado cuando toma la decisión de cerrar emisoras: un viernes, bien entrada la noche, en la víspera del primero de agosto, seguro de que el país estuviera distraído en sus vacaciones", pues esta es la época de asueto escolar en Venezuela.
"Con este cierre de medios el gobierno deja sin trabajo ni perspectivas laborales a periodistas, operadores, técnicos, ingenieros, empleados y obreros", dijo Echeverría.
La reportera Laura Castellanos, empleada de CNB y que trabajaba en la televisora Radio Caracas TV cuando se le retiró la concesión de señal abierta hace dos años, se preguntó: "¿Qué hago yo ahora? Tengo dos hijas. Cada vez se nos cierran más puertas".
La Cámara de Radio dijo en un pronunciamiento que el cierre de las 34 estaciones "es un pase de factura a las emisoras que se ponen del lado de los ciudadanos, una acción arbitraria e ilegal que viola la libertad de expresión, los derechos a debido proceso y a la defensa, y el derecho al trabajo de centenares de personas".
La orden de cierre de las 34 emisoras se produjo mientras se multiplicaban las protestas por la propuesta que la fiscal general de la República, Luisa Ortega, presentó ante el parlamento para que se sancione una "ley especial contra delitos mediáticos".
El proyecto califica como tales delitos "acciones u omisiones (…) que atenten contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, el orden público, la estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o de inseguridad y que sean cometidas a través de un medio de comunicación social".
Toda persona que "manipule o tergiverse la noticia, generando una falsa percepción de los hechos o creando una matriz de opinión en la sociedad, siempre que con ello se hubiere lesionado la paz social, la seguridad nacional, el orden público, la salud mental o moral pública" será castigada con entre dos y cuatro años de prisión, según la iniciativa.
La misma pena se aplicará en tal caso a "la persona responsable del medio de comunicación", sea éste "impreso, televisivo, radiofónico o de cualquier otra naturaleza".
A la cárcel irían los responsables de medios que, a pedido del Ministerio Público (fiscalía), se negasen a revelar la identidad de autores de trabajos emitidos con seudónimos, o si "de manera voluntaria e injustificada se negasen a informar sobre hechos o situaciones cuya falta de divulgación constituya una lesión al derecho a la información".
En Venezuela, el Colegio de Periodistas, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa, organizaciones civiles como Espacio Público y Expresión Libre denunciaron que el proyecto viola la Constitución y exigieron que el parlamento "lo rechace y se inhiba de establecer nuevos delitos de información y opinión que sólo se observan en sociedades autoritarias".
Con ellos se solidarizaron entidades internacionales como Human Rights Watch, Reporteros Sin Fronteras, el Instituto Prensa y Sociedad, con sede en Lima, el estadounidense Comité para la Protección de Periodistas, la Asociación Internacional de Radiodifusión y la patronal Sociedad Interamericana de Prensa.
La ministra de Comunicación e Información, Blanca Eeckhout, respaldó la propuesta de la fiscal pues "todo poder, como el mediático, tiene que ser regulado por la sociedad, y no olvidamos que el golpe de Estado de 2002 fue orquestado por los medios de comunicación", dijo.
En abril de 2002, cuando un movimiento cívico-militar intentó derrocar a Chávez, varias televisoras efectuaron una cobertura ampliamente favorable al golpe de Estado.
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truncado hoy
En la tarde del Domingo el conductor de un Chevrolet Corsa , colisionó contra una palma. El hombre fue trasladado inconsciente al nosocomio local.
En la tarde del Domingo aproximadamente a las 18,45 hs., por razones que se tratan de establecer un auto Chevrolet Corsa color verde, impacto violentamente contra una palma.
El accidente se produjo en la calle Perito Moreno, casi Mitre. El auto era ocupado solo por el chofer, una persona mayor de edad que tras el fuerte impacto sufrido, quedo inconsciente en el habitáculo del auto y con heridas en su cabeza de la emanaba sangre.
Por lo que se observó, el conductor no chocó con ningún otro vehículo, pero por razones que tratan de establecerse el móvil perdió el control y se incrustó sobre el lateral derecho contra una palma.
El conductor de unos 35 años edad recibió atención médica de parte del personal del hospital quienes luego de inmovilizarlo dispusieron su traslado al nosocomio local.
En el accidente tomaron intervención personal de la seccional primera y de bomberos, quienes acudieron con la unidad de rescate y salvamento, aunque no fue necesaria su intervención ya que se pudo sacar al malogrado conductor en forma normal.
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REGIONALES
Franco Herrera tiene 28 años. Hace 15 años sufrió un accidente que lo obligó a someterse a la amputación de una pierna. Oriundo de Río Negro, Herrera rehízo su vida en su provincia natal practicando básquet sobre ruedas“.
Al respecto, Franco Herrera comentó que “antes de mi accidente le dedicaba el 90 por ciento de mi vida al deporte y al estudio. Jugaba tenis de mesa, básquet, natación. Luego del accidente todo resulta dificultoso, no solo para practicar deportes sino también para encontrar espacios”, comentó Herrera.
“Desde noviembre que estoy en Las Heras y pude hacerme una rutina deportiva y contactar a toda la gente relacionada con el deporte. El municipio se ha acercado a verme y encontré rampas para mí. Es decir, se estaba dando la infraestructura necesaria que en Catriel, un pueblo de Río Negro donde vivía antes, no pude encontrar”.
Herrera practica básquet sobre ruedas todos los viernes en el Complejo Deportivo Municipal “11 de julio”. La gestión para que el joven tenga su horario fijo como parte de las actividades del complejo se realizó a través de la Dirección de capacidades Diferentes que dirige Héctor Guardo.
En cuanto al básquet, Herrera está en constante búsqueda de comunicación con sus pares. Según expresó el joven, “Mi idea es empezar con algunos chicos para practicar básquet en silla de ruedas y, de ahí en más, ver si existe la posibilidad de armar un equipo para competir. Y no me refiero solamente al básquet sobre ruedas sino para hacer que todos los deportes puedan adaptarse a gente con capacidades diferentes”.
Herrera aconsejó a la gente que se encuentra en su misma situación a tratar de contactarse con sus pares y sociabilizar porque una situación de discapacidad “no es de uno solamente sino que involucra al resto de la familia”.
“A la gente de Las Heras y de toda la región les digo hay muchas personas con discapacidad y que merecen ser integradas socialmente. Por ejemplo, en este caso donde hay un horario para hacer deportes con personas con discapacidad, que traten de comentarlo y hacer llegar la noticia para que se conozca y se sepa que hay deporte adaptado en esta ciudad”, subrayó el deportista.
Futuro
Para Herrera, las expectativas para el futuro “son grandes porque las condiciones de las personas que he visto son ideales para jugar el básquet” y se mostró esperanzado al asegurar que “sería muy bueno armar un equipo de básquet adaptado en Las Heras”.
“La verdad que sería un buen equipo y muy necesario porque ya está dado el horario y la infraestructura. Faltan algunos otros elementos como las sillas de ruedas pero el equipo se podría armar fácilmente. No requiere mucho más esfuerzo que venir y entrenar”, se entusiasmó Herrera.
Para practicar deporte adaptado se requieren de sillas especiales que son de uso para practicar básquet. “La que uso yo -sostuvo el joven deportista- son para básquet y se fabrican en argentina. La gestioné a través de un sindicato y fue la forma de rehabilitación que yo elegí. Estas sillas son caras porque cuestan alrededor de los 7500 y 8000 pesos pero hay espacios en las que se pueden gestionar para no desembolsar todo ese dinero”.
Por último, Herrera aseguró que tratará de contactarse con más personas para invitarlas a practicar deporte adaptado.
“En Las Heras son 6 personas con las que me he contactado y los invito todos los días que los veo y seguiré haciéndolo para tratar de difundir el deporte como herramienta de rehabilitación que es la misma que yo elegí para reinsertarme en la sociedad”. (TELAM)
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ACTUALIDAD
Aún furioso luego de su primera derrota en las urnas y mientras Cristina Fernández busca aire en la gestión a través del diálogo, Néstor Kirchner no puede con su genio y, según revela el nuevo número de la revista Noticias, elabora un plan para vengarse de los "traidores" a quienes culpa por el fracaso electoral del 28 de junio.
En su listado de enemigos, el ex presidente tiene a varios gobernadores, intendentes, al campo y a la oposición. "Van a tener que sufrir un largo tiempo", amenaza Néstor desde Olivos en sus momentos de euforia, sin terminar de reconocer aún el hecho de haber sido derrotado en elecciones.
La vendetta de Kirchner arranca por los intendentes del conurbano. Está seguro de que muchos jefes comunales pactaron con Francisco De Narváez en un claro gesto de traición y lo llevaron a la derrota. Por eso, ya tiene planeado un esquema de castigos que incluye bloqueo de fondos sociales, paralización de obras públicas e intromisión directa en los distritos.
Las localidades más odiadas por el ex presidente son La Plata y Tigre. En la capital provincial, el intendente Pablo Bruera ya comenzó a sentir el ahogo fiscal luego de que sus candidatos sacaran más votos que los K. Le cortaron las partidas del Ministerio de Desarrollo Social que controla Alicia Kirchner, y otras negociadas antes de los comicios para obras asfálticas.
Asimismo, Kirchner sigue molesto con el ex jefe de Gabinete e intendente de Tigre, Sergio Massa, cuya mujer, Malena, le sacó 14 puntos de diferencia en las elecciones. "Pactó con el Colorado", se queja Néstor, y promete retaceo de fondos.
Otros intendentes en la mira son el de Berazategui, Juan José Mussi -que como candidato testimonial sacó 16 puntos más que Kirchner- y el de Tres de Febrero, Hugo Curto, en cuya localidad ganó la fórmula de De Narváez. "Había pintadas del Colorado en muchas paredes del distrito. Sin autorización del Intendente es imposible hacerlas", se queja un funcionario K.
Por otra parte, Kirchner intentará dividir a los productores agrarios premiando a unos y castigando a otros. Planea bajar los actuales niveles de las retenciones al trigo y al maíz, pero tras sugerirle un ministro que también lo haga con la soja le gritó: "Si festejaron el voto de Cobos que dejó las retenciones en 35 por ciento, que se la banquen".
A De Narváez, claro, también se la tiene jurada. Quiere demostrar que la embestida judicial contra el empresario en plena campaña no fue una operación basada en datos falsos. "No puede justificar la plata que tiene en fideicomisos en el exterior, de esa causa no zafa", se enoja. Quizás se olvida de que él tampoco puede justificar cómo en año su patrimonio aumentó un 158 por ciento.
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La Coalición Cívica redobló su apuesta judicial contra Néstor Kirchner en las causa que lo investiga por conformar una asociación ilícita junto a funcionarios y empresarios amigos del Gobierno. Los diputados Juan Carlos Morán, Elsa Tata Quiroz, Fernando Sánchez, Héctor Toti Flores y Fernando Iglesias aportaron nuevos datos a lo que denominaron la "cartelización" de obra pública, que reparte cientos de millones de pesos a pocas empresas vinculadas con la familia presidencial.
PDF El texto completo de la denuncia contra Kirchner
La presentación fue hecha ante el juez federal Julián Ercolini, que deberá resolver si están dadas las condiciones para llamar a declarar al ex jefe de Estado, un pedido de los diputados, a partir de las pruebas que obran en el expediente.
Morán y compañía venían trabajando desde hace dos semanas en la presentación que hicieron hoy al mediodía, en la que suman al secretario de Energía, Daniel O. Cameron y los empresarios Gerardo Ferreyra de Electroingeniería y Juan Carlos Relats. "En esa estructura [la asociación ilícita] el mando lo ejerce Néstor Kirchner siendo Julio De Vido un sujeto fundamental para llevar a cabo la cartelización a través del Ministerio a su cargo", apuntan, según los documentos presentados hoy a los que tuvo acceso Perfil.com.
Triangulación de fondos. Los diputados ponen el acento en la relación comercial que mantiene Relats, uno de los zares de la obra pública K, con la familia Kirchner. "Relats le paga a los Kirchner $10.300.000 por el alquiler de 'Los Sauces'", apuntó a Perfil.com el diputado Juan Carlos Moran quien agregó que "es una cifra poco razonable y poco rentable a precio de mostrador". El bonaerense asegura que el precio que Relats paga por mes de alquiler, 210 mil dólares, no cierra ni con ocupación completa en temporada alta.
"Recibe grandes beneficios del Gobierno Nacional a través de concesiones petroleras, licencias de casinos, negocios con gobernadores y, principalmente, obra pública, a través del sistema de gestión", apuntó Moran en diálogo con este portal. Asimismo la empresa JCR S.A. está asociada en varios emprendimientos de corredores viales con Electroingeniería a través de VIAL 3 S.A.
Los diputados presumen que existiría una triangulación entre Kirchner y Relats a través de organismos públicos, como el ministerio de Planificación Federal, que controla la Unidad de Control de Fideicomisos de Infraestructura (UCOFIN). "En primer lugar y como mínimo cabe decir que resulta inaceptable que un empresario que obtiene beneficios con la realización de obras estatales asimismo explote comercialmente un negocio perteneciente al ex Presidente de la Nación", afirman.
"Resulta difícil imaginar de este modo que se hayan respetado los principios de publicidad, igualdad, concurrencia y razonabilidad; en los procedimientos de contrataciones públicas, ya que se aparentemente se han mezclado los intereses del Estado con intereses particulares", sostienen.
Millones a Islas Caimán. Una de las partes de la denuncia pone la lupa en la administración del fondo fiduciario para el transporte eléctrico federal. Los diputados aportan nuevos datos en una causa contra el secretario Cameron y el ministro De Vido por irregularidades en el destino de una partida de 76 millones de dólares para el depósito en las Islas Caimán.
Los diputados de la Coalición Cívica quieren saber con qué objetivo se depositaron esos fondos en un banco del paraíso fiscal, algo que consideran como una "gravedad institucional", decidida por un funcionario público.
Así las cosas, expresan que "existen motivos suficientes para sospechar que Néstor Kirchner ha participado en la comisión de los delitos que hemos denunciado, consideramos oportuno que el juez proceda a citar a indagatoria al mencionado, a la brevedad, pudiendo hacerlo a pesar de haber sido electo en la última elección, si bien falta el escrutinio definitivo de la misma, en virtud de los establecido por la nuestra Constitución Nacional y por la Ley de Fueros 25.320".
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El diputado Rubén Contreras realizó este domingo manifestaciones sobre la situación de Caja de Previsión Social, habida cuenta de las recientes declaraciones de gremios opositores insistieron en una “supuesta transferencia de la misma a la Nación”.
En principio, el legislador justicialista declaró: “no existe en la Cámara de Diputados ningún proyecto que determine el traspaso de la Caja”.
Contreras, que además es presidente de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, agregó que “de acuerdo a las reuniones mantenidas con el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, más las diferentes exposiciones públicas en los medios de difusión, se ha dejado en claro que no se transferirá la Caja de jubilaciones a la Nación”.
Deficitaria
Luego, reconoció que “es verdad que la Caja actualmente es deficitaria y es subsidiada mensualmente por el gobierno nacional para hacer frente a las erogaciones del pago de los haberes (jubilaciones y pensiones)”.
Por eso, argumentó, “se hace necesario estudiar modificaciones a la Ley N ° 1.782, que rige en la materia, para garantizar el cumplimiento de su objetivo a largo plazo y, así, salir de la situación coyuntural”.
Aún así, expresó que todo cambio a esa Ley, se hará “a través del consenso con los actores sociales de la administración pública provincial, esto es, con los gremios, sectores políticos y, fundamentalmente, con los afiliados”.
“Como representante del pueblo, con antecedentes gremiales, jamás permitiré desde mi lugar de diputado que se realice una ley u otro mecanismo en contra de los intereses de los actuales afiliados a la caja o de los trabajadores en actividad próximos a jubilarse”, añadió.
Estas expresiones de Contreras se efectuaron un día después de la manifestación de la Multisectorial partidaria y gremial en Caleta Olivia, donde, entre otros puntos, salieron a protestar por el convenio de normalización que, según los integrantes de este sector, derivaría en una transferencia a la órbita nacional.
Tras reiterar que tal derivación no existirá, Contreras respondió que “es necesario dejar aclarado esta situación para evitar incertidumbre ante manifestaciones tendenciosas por parte de sectores que sólo pretenden atentar contra la paz social del pueblo de Santa Cruz, cuando deberían proponer ideas superadoras”.
El diputado caletense dio su “compromiso de informar a la comunidad, sobre cualquier novedad que se presente, de cara a la sociedad, como siempre lo hago. Por último, emitió su invitación a “las diferentes organizaciones políticas, sindicales y de jubilados a realizar aportes sobre este tema”.
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El programa CQC vuelve a estar inmerso en una polémica. Luego de la agresión sufrida por el notero y co-conductor del ciclo, Gonzalo Rodríguez, a manos del intendente del Bolsón, Oscar Romera, ahora un empresario de Berazategui denunció haber sido extorsionado por productores del programa para que no saliera un informe en contra suyo. Ernesto "Cune" Molinero, productor ejecutivo del ciclo, negó a Perfil que esto haya sucedido.
“El día 26, perdón, el día 27 -su abogado habló del 28- me llaman por teléfono diciéndome que era un productor de CQC. Me comentan que tenía que pagar 500 mil pesos porque tenían entre 20 y 40 personas diciendo que yo los había estafado”, explicó a este portal Sebastián Infanzón, empresario de Berazategui.
Luego agregó: “Hablé con (el abogado Darío) Saldaño y decidimos hacer una denuncia por extorsión. La hice y en ese mismo momento se presentaron dos personas en mi casa, hablaron con mi hermano y le dijeron que eran productores de CQC y que iban a hacer el infome en caso de que yo no cumpliera con esto que me estaban pidiendo. A partir de ahí no me llamaron más”.
Del otro lado lo niegan de manera rotunda. Molinero aseguró a Perfil que “ninguno de nuestros productores hizo ésto y jamás lo haríamos. Vamos a seguir adelante con el "¡Proteste ya!" (la sección de denuncias del programa)”. ¿Los motivos de la denuncia? “Pudo haber sido porque se enteró de la denuncia o siendo bien pensado que algún vivo lo quiso extorsionar”.
“Alguna vez nos llamaron de algún negocio avisándonos que se presentó alguna persona diciendo que eran de CQC y les pedían plata. Pero esto me da mucha gracia porque este señor no nos llamó para consultarnos. Es muy raro que haga una denuncia y no nos llame para decir 'che qué les pasa'”.
El productor ejecutivo aseguró que el informe saldrá el próximo lunes aunque no estaba en los planes que así fuera. “Teníamos otro editado para la semana que viene pero a veces pasan estas cosas y vamos a sacarlo ahora”, adelantó. Según le dijo a este portal Molina, el informe trata sobre “unas maniobras con ventas de autos. Tenemos damnificados, las denuncias y otros elementos más”.
En el tramo final de la comunicación telefónica, el hombre de CQC contó un detalle más que agrega sospechas a la historia: “Nosotros arrancamos a hacer esta nota el martes 28, te diría que empezamos con las cámaras 11.30-12 o 12.30 como mucho. Arrancamos a investigar antes pero el día que salimos con la cámara fue ese martes. Media hora después ya estaba hecha la denuncia”.
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El misterio sobre el avión Lear Jet N786YA en el que volaba el ex secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime empieza a disiparse. Detrás de las sociedades con sede en paraísos fiscales, ahora empiezan a aparecer nombres, apellidos, negocios millonarios, amistades y lobby kirchnerista.
documentación que certifica que la aeronave era un negocio de Macair Jet SA, la aerolínea del Grupo SOCMA, liderado por Franco Macri, padre del jefe de Gobierno porteño y que pretendía ser utilizada como un instrumento de conexión con Ricardo Jaime. ¿El objetivo? Tener llegada directa al despacho principal de la secretaría de Transporte y así obtener facilidades a la hora de la obtención de permisos y habilitaciones correspondientes para la explotación sobre el mercado aeronáutico, algo que no le venía resultando nada fácil a la empresa macrista.
El enlace entre Macair y la secretaría sería Manuel Vázquez, asesor externo, íntimo amigo de Jaime y lobbista de varias empresas con trato directo con el renunciado secretario de Estado. La compañía de Macri habría encontrado la oportunidad de una vinculación con Vázquez mediante la compra del avión, acercándole un socio para cerrar la operación. Además, le habría prometido más ganancias si le otorgaba a Macair la explotación del Lear Jet. Fue el comienzo de un acuerdo frustrado.
Corría septiembre de 2008. Vázquez se entusiasmó: levantó el teléfono, llamó a Europa y le dieron el OK. Así, acercó a Pegasus Equity Investments SA, un fondo de inversión de sede en Costa Rica que comprometió más de 500 mil dólares para poder concretar la compra. El resto del dinero, poco menos de tres millones y medio de dólares, lo puso Elkrest Investments Limited, una compañía con sede en las Islas Británicas y a quién Pegasus le devolvería el dinero. , la cara visible de esta sociedad sería Jorge Cupeiro, el empresario y reconocido ex piloto de autos de carreras, íntimo amigo de Carlos Colunga, presidente de Macair Jet, que declaró el jueves ante la Justicia en el marco de la investigación contra Jaime por presunto enriquecimiento ilícito.
Unos US$ 160 mil en coimas que la petrolera norteamericana Helmerich & Payne (H&P) admitió en su país haber pagado desde el 2003 a empleados de la Aduana argentina tiene aquí y ahora un capítulo local.
