La controversia sobre el veto presidencial a la Ley de Protecciónde Glaciares llegó a la Justicia. Allí se investiga, desde el año pasado, si hubo funcionarios que hicieron lobby a favor de la minera Barrick Gold, tal como denunció el diputado nacional alejado del kirchnerismo, Miguel Bonasso.Bonasso había señalado que el veto, había sido impulsado por los intereses cercanos a la industria minera del gobernador de San Juan, José Luis Gioja y de su hermano el senador César Ambrosio Gioja, presidente de la Comisión de Minería del Senado.
El caso llegó a Tribunales cuando el fiscal federal Federico Delgado hizo la denuncia. El expediente quedó en manos del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y del fiscal Jorge Di Lello. En diciembre del año pasado De Lello impulsó la investigación judicial para determinar si hubo negociaciones incompatibles con al función pública de alguno de los funcionarios que intervinieron para que fuera vetada la ley de Glaciares. El veto realizado por Cristina Fernández de Kirchner a la Ley que había sido aprobada por el Parlamento, abrió fisuras en el oficialismo. Una de las tantas voces en contra del veto fue la del senador nacional kirchnerista por la Capital, Daniel Filmus.
Después de meses de investigación, el fiscal pidió la semana pasada algunas medidas de prueba para seguir acumulando datos en el expediente. Di Lello quiere que el senador oficialista Filmus, declare en los Tribunales para incorporar sus apreciaciones a la investigación.
También pidió que declare la ex diputada nacional Marta Maffei, autora del proyecto que se transformó en Ley y luego fue vetado por CFK. Y además quiere escuchar la voz de Ricardo Villalba, director del Instituto de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, del ambientalista Javier Rodríguez Pardo, de Raúl Montero, vocal del Instituto de Exploraciones y Explotaciones Mineras y del periodista Juan Carlos Aguirre de la revista sanjuanina “La Séptima” que reveló la relación entre los Gioja y los intereses de la industria minera. El fiscal quiere que declare el dueño de la publicación, Carlos Castro Espinosa y el escribano Rodolfo Mó. Fue Mó quien, a pedido de Castro Espinosa, certificó la existencia de una página de Internet de la firma minera Bentonitas Santa Gema en la que César Gioja figuraba como dueño de la empresa que, a su vez, era proveedora de Barrick Gold. Eso sería una incompatibilidad. La página web desapareció luego de la publicación de la revista.
No es la primera vez que De Lello pide medidas en la investigación que, paso a paso, avanza en Tribunales. Diez días antes de las elecciones, pidió que tanto la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas cuanto la Oficina Anticorrupción fueran informadas de la existencia de la investigación judicial. También solicitó documentación al Ministerio de Planificación, a la secretaría Legal y Técnica, al Senado de la Nación, a la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera del Gobierno de la Provincia de San Juan y la Unidad de gestión Ambiental Minera de la Provincia de San Juan, informes sobre los proyecto mineros Pascua Lama y Veladero.Fuente: politicaypelotas
