La ley- que fuera aprobada por diputados y senadores-creaba un Inventario Nacional de Glaciares, donde debían individualizarse todos los glaciares y geoformas periglaciales que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo.
Además, prohibía que en los glaciares y en su entorno se realicen actividades que puedan afectar su condición natural o que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance, como por ejemplo la exploración y explotación minera o petrolífera.
Según el decreto de veto, la Secretaria De Minería Del Ministerio De Planificación Federal, Inversión Publica Y Servicios, entiende que una ley Nacional “no puede fijar prohibiciones absolutas, sino establecer parámetros mínimos que las provincias cumplirán pudiendo determinar mayor rigidez aún, de acuerdo a su especial situación ambiental”.
Sin embargo- advierten los ambientalistas- esta ley no prohibía en forma absoluta la minería, solo lo hacía cuando esta se desarrolle sobre glaciares o zona de hielos permanentes. Es decir, prohibía la minería sobre fuentes y reservas de agua.
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