Un médico chileno de DDHH radicó una denuncia en la justicia Federal de esta provincia en contra del Comando en Jefe del Ejército y Gendarmería por delito de acción pública por torturas y deportación de un ciudadano chileno ex trabajador de YCF en 1981. Requieren, además, la declaración de Néstor Kirchner y Cristina Fernández aludiendo a que durante los años de gobierno en Santa Cruz nada se investigó respecto de estos hechos, como tampoco en la actualidad.
A partir de una denuncia radicada en el Juzgado Federal de Santa Cruz, el 29 de enero de 2009 ingresó en los Tribunales de Comodoro Py en Buenos Aires, (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional) una declaración, a la que tuvo acceso OPI, del médico chileno Juan José Soto Vargas (92.293.609), perteneciente a los DDHH de su país y residente en Argentina, donde ratificó la denuncia efectuada al Comando en jefe del Ejército y a la Gendarmería Nacional por el delito de acción pública, por cuanto sostuvo que el Sr Sergio Vargas Santana, Chileno con cédula de la provincia de Santa Cruz Nº 36.670, trabajador de la empresa estatal YCF hasta principios de los años ´80, fue sometido a torturas psicofísicas durante el conflicto del Canal De Beagle (1978-79) por parte del Comando en Jefe militar argentino, a través de efectivos Gendarmería Nacional que lo detuvieron.
Tal como sostiene Soto Vargas, esta situación produjo la exoneración de Santana de la empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales donde se desempeñaba como soldador desde 1957, trabajo que cumplió hasta el 21 de mayo de 1981, fecha en que fue detenido y luego deportado a Chile, sin que se le abonara ningún tipo de indemnización por parte de la empresa, ni se le reconociera derecho alguno a reclamarlo por vía judicial.
El denunciante que dijo no conocer personalmente a Sergio Vargas que hoy vive en Puerto Montt (Chile), solicitó que teniendo en cuenta que estos delitos se inscriben dentro de la tipificación de “lesa humanidad”, debido a que la historia de Santana fue la de miles de chilenos en Santa Cruz, se lleve adelante una profunda investigación por parte de la Justicia y además un resarcimiento económico por parte del Estado nacional.
El caso de Santana ya fue investigado por jueces federales de Bahía Blanca, Rawson, Bariloche y La Plata y en la denuncia ratificada en Comodoro Py, el Dr Soto pide expresamente “… en esta instancia lo que desea (Vargas Santana) es que se investigue las deportaciones y persecución masivas ocurridas en Santa Cruz durante la dictadura militar”.
Más adelante la denuncia hace extensivo el pedido de investigación a quienes gobernaron la provincia y refiere en otro de sus párrafos “Desea recalcar que durante la gobernación de la familia Kirchner en Santa Cruz, nada se investigó al respecto, como tampoco en la actualidad”.
Además de los documentos a los que ha tenido acceso OPI donde consta la denuncia y las tres notas escritas a mano por parte de Santana y enviadas al Ministro del Interior, al Ministro de Derechos Humanos y a la Casa Rosada (Presidencia de la Nación), respectivamente, el Dr Juan José Soto Vargas ha manifestado su total desprecio por las actividades criminales del dictador Augosto Pinochet en aquellos años y la actitud xenofóbica y discriminatoria que tuvieron las autoridades argentinas posteriormente, cuando la democracia llegó al país.
Precisamente por considerar que desde 1991, en que Néstor Kirchner comenzó a gobernar en Santa Cruz, no hizo – a su criterio - nada por investigar y esclarecer las deportaciones de chilenos de esta provincia, el médico sostuvo que es necesaria una profunda investigación para saber si hubo complicidad, ocultamiento o desinterés por parte de las autoridades políticas provinciales, para no esclarecer tanto la situación de Sergio Vargas Santana como la de muchos chilenos que fueron echados de Santa Cruz a raíz de aquel conflicto y aún años después
