Esto se realiza luego de las diversas publicaciones periodísticas en medios nacionales de una investigación que habría realizado la Fundación La Alameda. El fiscal de Estado, Carlos Ramos precisó: “en la supuesta denuncia, y digo supuesta porque no nos consta la presentación ante ningún organismo judicial, aluden a diversos ilícitos que ya no refieren a la prestación de servicios sexuales sino que van más allá y que son graves, entendiendo que se refiere a la explotación sexual con reducción a la servidumbre”, argumentó.
También que “en algunos sectores de esa supuesta denuncia se informa de una connivencia entre grupos mafiosos, sector policial, autoridades y funcionarios del Gobierno provincial”, subrayó.
DENUNCIA CONCRETA
El fiscal hizo hincapié en que por ahora “estas versiones, hoy por hoy, son periodísticas y que no están fundamentadas al día de la fecha en una denuncia concreta en un Juzgado”. Por eso, explicó: “nos presentamos nosotros, desde el Gobierno provincial, a los fines de que pueda investigar cualquier tipo de ilícitos de los que se denuncian en ese supuesto escrito, o investigación periodística”.
Por otra parte, Ramos aclaró: “no compartimos las imputaciones que se le hacen (en esa investigación de la ONG) al Jefe de Policía, Alejandro Martín” que lo involucra “personalmente en estas actividades ilícitas”.
QUERELLA
Paralelamente, el jefe de Policía de la Provincia, comisario general Alejandro Martín, presentó en la Cámara Oral en lo Penal una querella por calumnias e injurias contra Gustavo Javier Vera de la Fundación La Alameda, y Juan Grabois, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, por la publicación realizada en el sitio weB www.laalameda.wordpress.com del 29 de abril.
Asimismo, en la publicación se acompaña una fotografía de una persona que no corresponde al Jefe de Policía, -expresa la querella-, con un texto sobrescrito que dice en la parte superior “Prostíbulo Venus” y en la parte inferior “Alejandro Martín, Jefe de la Policía de Santa Cruz”.
En dicha publicación se hace referencia a una denuncia presentada por los autores de la nota ante la Procuración General de la Nación y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a los fines de que se investigue los delitos y los eventuales cómplices y encubridores.
