Rio Gallegos El controvertido tema de los prostíbulos en Río Gallegos sigue en la agenda pública agravándose la situación con la amenaza de mujeres y propietarios de los prostíbulos de trabajar en las calles de la ciudad. En esta capital se encuentran los responsables de La Alameda y los abogados que representan a las personas de estos locales nocturnos hacen denodados esfuerzos por lograr su reapertura.Luego del operativo en la madrugada del sábado 6, donde se cerraron los prostíbulos de Río Gallegos, se generaron una serie de reclamos del sector damnificado, por entender que se está coartando el derecho a trabajar libremente y acusando tanto a la justicia como a las autoridades, de actuar discriminatoriamente con las mujeres de la noche.Por ese motivo un numeroso grupo de mujeres que trabajan en las casitas de tolerancia de esta capital, representadas por la Dra Jovita Vivar interpusieron un recurso de amparo para lograr la apertura de los locales y cinco habeas corpus por entender que se está suprimiendo la libre elección de las personas a trabajar a la vez que se compromete la situación de residencia de muchas de las mujeres y propietarios de estos inmuebles, que viven en los lugares que fueron clausurados.
Las meretrices se han movilizado por distintos medios de la ciudad para explicar su situación ya amenazaron con ejercer su trabajo en las calles de Río Gallegos si en la brevedad la justicia no les devuelve la posibilidad de abrir los locales en el barrio de 27 viviendas que funcionan como prostíbulos bajo la conocida denominación de “Las casitas”.Uno de los argumentos fundamentales que esgrime la representante legal de las prostitutas, es que del mega operativo no se obtuvo absolutamente ninguna evidencia que comprometa en un delito a las personas que trabajan allí, inclusive “despegó” a los propietarios de esos establecimientos. Sin embargo fuentes extraoficiales cercanas a la policía provincial, aseguran que huno un preaviso ante la llegada de las fuerzas combinadas de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal, que impidió la localización y secuestro de sustancias prohibidas, menores y mujeres retenidas contra su voluntad, dado que ante tal circunstancias el lugar “fue limpiado” para evitar complicaciones.En tanto el Sr Gustavo Vera y el Dr Rodolfo Yanzón de La Alameda, que arribaron el día domingo a esta capital no están conformes con el resultado del procedimiento desplegado por la Justicia y su posterior consecuencia, señalando que las mujeres no son libres de declarar con la verdad porque se encuentran bajo presión y amenazas de los proxenetas que las controlan. Por este motivo Vera le hizo llegar a OPI un comunicado elaborado hace minutos que dice textualmente:
No basta con la decisión de una jueza
“El allanamiento y la clausura simultánea de las 29 casas de tolerancia de Rio Gallegos en el marco de la investigación del juzgado federal por trata de personas, reducción a la servidumbre y narcotráfico fue una valiente decisión de la Jueza Dra Alvarez y de la fiscal Dr Kloster. La intervención judicial estuvo precedida de una investigación que habría constatado buena parte de lo que la Alameda denunció el 29 de abril pasado ante la Procuración General de la Nación. No se trató de una acción precipitada, sino largamente planificada.
Sin embargo, no basta con la decisión de la jueza si el Estado no acompaña garantizando la contención y asistencia a las victimas que les permita declarar en libertad. El Estado tanto nacional como provincial no les garantiza, por ahora, ni alojamiento transitorio, ni contención psicológica y, mucho menos, perspectivas de reinserción laboral y social. Ante la ausencia de contención y asistencia, muchas de las víctimas sostendrán que están por «voluntad propia», porque su voluntad está totalmente a merced de sus proxenetas y explotadores. Se trata de declaraciones que no pueden tener el alcance de testimonios, porque carecen de la libertad necesaria para que las víctimas puedan decir la verdad. Aún pernoctan en las casas que son propiedades de sus verdugos. Esto ha ocurrido decenas de veces en otras causas sobre trata y servidumbre, algunas de las cuales los jueces han optado por desestimar los testimonios recolectados en esas condiciones (el caso más reciente fue el de un taller clandestino en Parque Patricios donde el Juez Federal Sergio Torres desestimó una decena de testimonios de víctimas que declararon bajo la presión de sus explotadores y la desesperación de no tener otra vivienda y trabajo para sus familias y para si).No basta con la decisión de una jueza si cuando se ordena un allanamiento a fuerzas de seguridad federales, ajenas a la policía provincial y supuestamente imparciales y entre estas, se filtra la información a las mismas fuerzas policiales sospechadas que ya a las 22 hs del día anterior estaban anoticiadas de que habría un allanamiento a las 4 de la madrugada. Renglón seguido, Blanca Moyano, una de las máximas responsables de la trata, junto a sus secuaces tuvo todo excesivo tiempo para trasladar a más de cien mujeres, hacer desaparecer toda evidencia de menores y estupefacientes y entregarle “en mano” el documento a muchas de las victimas que habitualmente lo tienen retenido en la casa de sus proxenetas.
En este contexto, si la firme y valiente decisión de la jueza no encuentra los resultados requeridos no es porque no existan los delitos denunciados o no se haya querido investigarlos, sino porque ni el Estado, ni las fuerzas de seguridad federales garantizaron un marco adecuado de intervención para semejante megaoperativo.Sin embargo, con independencia de los resultados obtenidos en los allanamientos, las casitas deben seguir clausuradas en base a lo que establece la ley de profilaxis y los convenios internacionales que nuestro país suscribió en los que se penaliza las casas de prostitución, el proxenetismo o la prostitución por cuenta ajena. Por tanto, es inaudito el reclamo de los dueños de las casitas en torno a su reapertura, lo mismo que los intentos de algunos funcionarios por disfrazar a esas casas de prostitución con la categoría de cabaret clase «C» u otros artilugios. Recientemente, en una sana e histórica decisión, el consejo deliberante de Santa Rosa aprobó por unanimidad suspender todo trámite de habilitación de cabarets clase «c» o bares con régimen de alternadoras porque son concientes que los mismos suelen esconder las prohibidas casas de prostitución. Este es el camino que creemos deberían debatir ediles y legisladores en Rio Gallegos, en lugar de buscar la manera de enmascarar una actividad penada por la ley. Hay antecedentes de allanamientos que no dieron los resultados requeridos donde, sin embargo, el criterio del juzgado federal fue mantener la clausura del prostíbulo basado en la ley de profilaxis. Tal fue el criterio adoptado por la jueza Servini de Cubria en un prostíbulo que era propiedad del dueño del boliche Cromañon en el barrio de Once, donde existían denuncias de la Defensoria del Pueblo sobre trata y violación a la ley de migraciones y en el cual el allanamiento llego tarde para encontrar las evidencias, pero sin embargo, se mantiene cerrado el prostíbulo por su propia ilegalidad intrínseca.Nuestra apreciación es que la Jueza que entiende en la causa tiene la firme decisión de ir hasta las últimas consecuencias en la investigación, pero con las importantes limitaciones antes señaladas. Somos concientes que en este momento los proxenetas están ejerciendo una intensa presión, no solamente con artilugios judiciales y protestas mediáticas, sino de un modo sigiloso y extorsivo hacia los funcionarios que alguna vez visitaron las casitas y cuyo paso fue oportunamente registrado por los proxenetas. La Alameda asume el compromiso de colaborar con el Juzgado en todo lo que sea necesario y aportar regularmente pruebas y testimonios que recibimos en importante cantidad en las últimas semanas de un modo reservado. A la vez se compromete a desplegar todas las tratativas que sean necesarias para que se involucren los organismos nacionales pertienentes que deben entender en la asistencia a las víctimas, así como organismos internacionales como la OIM.
Somos concientes que la batalla recién comienza. Por vez primera un juzgado Federal advierte a la sociedad de Rio Gallegos que las casitas no son un producto «cultural», no son un fenómeno «natural», sino actividades que están fuera de la ley. Convocamos a la sociedad civil, cualquiera sea su partido o su credo, a comprometerse en colaborar en la causa que lleva adelante el Juzgado Federal en esta pelea por el respeto a los derechos humanos, contra la trata y el trafico de personas y a extirpar de nuestra patria el aprovechamiento de mujeres en situación de extrema vulnerabilidad para despojarlas de su más elemental dignidad. Para que tengamos verdaderamente un país sin esclavos, ni excluidos
