Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto de la Cámara alta emitieron dictamen de superpoderes. Luego, la Comisión de Asuntos emitió dictamen favorable a las facultades delegadas, que cuenta con media sanción de Diputados. Ambos temas será tratado el jueves 20/08, luego de los 7 días reglamentarios para su tratamiento. El oficialismo dice contar con 42 votos (necesitan 37).La Cámara de Senadores tratará la próxima semana la suma del poder público para la presidente Cristina Fernández de Kirchner, luego de que este jueves 13/08, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto de la Cámara alta, emitieran dictamen sobre los superpoderes y facultades delegadas.
Tras el debate, se emitieron 2 dictámenes, 1 por la mayoría y 1 por la minoría, este último encabezado por la oposición radical, que pretende que el Gobierno se abstenga de utilizar los DNU para cambiar partidas presupuestarias.
El proyecto del gobierno, que ingresó al Senado el jueves 30/07, y el dictámen de mayoria plantea modificar "el artículo 37 de la Ley 24.156 de Administración Financiera", que faculta al jefe de Gabinete a reestructurar las partidas, para que en el próximo ejercicio las reasignaciones "no superen el 5% del total del Presupuesto.
El proyecto remitido por el Ejecutivo tiene una objeción de la oposición, la cual radica en la norma exceptúa de ese cómputo a la denominada jurisdicción 91 (obligaciones a cargo del Tesoro), que en el Presupuesto de este año suman unos $16.000 millones, con lo cual el Gobierno dispondría en realidad de un margen real de reasignación del 12% sobre el total de los fondos públicos.
Durante el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner, la ambición de poder, por el poder mismo, llevó a que se consolidara de manera permanente la facultad del jefe de Gabinete de redistribuir las partidas discrecionalmente. Para eso se sancionó una nueva ley (la 26.124) el 02/08/06.
En dicha norma se sustituyó el artículo 37 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, por el siguiente: "Artículo 37.- donde se establece que son reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto".
Pero al mismo tiempo, "el Jefe de Gabinete de Ministros puede disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada ley de presupuesto, quedando comprendidas las modificaciones que involucren a gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones financieras y distribución de las finalidades".
La cifra propuesta del 5% por parte del Poder Ejecutivo, es por lo menos simbólica. Según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP), de enero a julio de 2009, el Gobierno reasignó $ 1.381 millones de un presupuesto de $243.000 millones, o sea, un 0,57% del total.
En lo que va de 2009, el Gobierno reasignó partidas por $1.241 millones. El Presupuesto Nacional es de $233.839 millones. El 5% de ese monto implicaría que sólo podría reasignar, a través del jefe de Gabinete, $11.700 millones.
En 2008, a través de decisiones administrativas del jefe de Gabinete, se reasignaron $4.022 millones, es decir, el 1,9 % del total, la más baja en la era K.
En 2007, año electoral, el jefe de Gabinete reasignó el 2,7%, esto es $4.233 millones. Sin embrago tuvo margen para utilizar otros fondos por ampliación presupuestaria por un total de $34.814, un 31% más.
El escenario fue similar en 2006, cuando se reasignaron fondos por 2,6%, que significó cambiar el destino de $2.920 millones. El Presupuesto se amplió en un 17%.
Por ese motivo, con un margen de 5%, la Presidenta preservará un margen amplio para administrar recursos sin pasar por el Congreso.
Las superpoderes tuvieron varios beneficiados. Pero la distribución de esos fondos no fue del todo transparente ni justa. Con una decisión administrativa, se le sacó a planes de urbanización en barrios carenciados para pagar más subsidios al transporte, la importación de fuel oil venezolano, cubrir el déficit de Aerolíneas, mantener congeladas las tarifas energéticas y para darle más poder a Guillermo Moreno en su política de control de precios.
El ministerio más beneficiado en este plano fue el de Planificación. Así, Julio De Vido se transformó en el ministro más poderoso del gabinete, justamente por la cantidad de recursos que llegó a manejar. Y con ellos alineó intendentes en base a cómo hacía realidad obras públicas.
Por ejemplo, en 2008 Planificación obtuvo $ 3.988 millones más en reasignaciones para cuestiones de su área. Las resoluciones 1082 y 1083 de Jefatura de Gabinete resignaron $ 143 millones del Plan Jefes y Jefas y $ 20 millones de la emergencia sanitaria para dar más subsidios energéticos. La presidente Fernández especificó ayer que se destinaron $ 41.000 millones para subsidiar la compra de gasoil y gas.
Esto sirvió para mantener congeladas hasta mediados de 2008 las tarifas de luz y gas. Fue un beneficio que se extendió por casi cinco años para todos los segmentos sociales, los mismos que hoy se ven perjudicados por un aumento de tarifas y que después de varias idas y vueltas, y ante el rechazo generalizado de la oposición y los consumidores, el Gobierno decidió dar marcha atrás con los aumentos de tarifas de gas natural y electricidad, pero sin derogar el polémico decreto 2067/08, que por ahora quedo en pausa, hasta el mes de Octubre.
Facultades delegadas
El Senado también avanzará para trasformar en ley el proyecto que establece una prórroga por un año de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, que vencen el próximo 24/08.
Este miércoles12/08 con el voto del (ladri) progresismo de Vilma Ibarra, Ariel Basteiro, Jorge Rivas, Victoria Donda, entre otros, el kirchnerismo (con 136 votos a favor, 100 en contra y 7 abstenciones) aprobó el proyecto que establece una prórroga por un año de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo.
El 24/08/2006 el Congreso renovó al Poder Ejecutivo, por el plazo de 3 años, ciertas facultades que son propias del Legislativo. Entre éstas se encuentra la que causó el mayor problema pero a la vez la mayor recaudación al kirchnerismo en sus años de poder: las retenciones a las exportaciones.
El artículo 76 de la Constitución Nacional prohíbe al Congreso delegar facultades legislativas al Ejecutivo, "salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública".
Por esa razón, desde 1999 (Ley 25.148), diputados y senadores renovaron al Poder Ejecutivo las facultades transferidas y también aprobaron otras normas reglamentarias. Lo mismo se hizo en 2002 (Ley 25.645), 2004 (Ley 25.918) y 2006 (Ley 26.135).
Se trata de la prórroga de unas 1.900 leyes que incluyen delegaciones al Poder Ejecutivo, entre las que se encuentra el Código Aduanero, que permite al Gobierno fijar la alícuota de retenciones a las exportaciones agrarias.
Es importante aclarar que la aplicación de retenciones a las exportaciones es sólo una de las facultades que el Congreso podría recuperar el próximo 24/08 si decide no renovar estos poderes.
Otras cuestiones son las vinculadas con el comercio de combustibles, la creación de entidades como la Oncca, las potestades del Banco Central, el funcionamiento de las sociedades comerciales, la penalización de las drogas, la radiodifusión o las migraciones, entre otras.
