26/08 - 18:00 - El Concejal de Río Gallegos Alberto Lozano incluyó por tres años como “Personal Sin Estabilidad” del Concejo Deliberante de Río Gallegos, a un amigo que vive en Pico Truncado. A su vez este amigo, cuando fue diputado, lo tuvo a Lozano como “asesor” en la Legislatura; favor con favor se paga. ¿Cuál era el objetivo?, ayudarle al amigo de Truncado a computar los tres años que le faltaban para jubilarse con 12.000 pesos por la Caja de Previsión Social.
En medio de la discusión por el desfinanciamiento de la Caja de Previsión Social de la provincia, que anualmente presenta un pasivo que debe ser cubierto con fondos enviados desde la Nación y cuando desde la oposición (léase UCR como principal Partido) se levantan voces críticas sobre la manipulación de los números, el ingreso indiscriminado al sistema de “nuevos jubilados” que entran “por la ventana”, aumentando descontroladamente el padrón de pasivos y por lo tanto mermando notoriamente las posibilidades de pagar sueldos y prestar servicios por parte de la CPS, hemos podido conocer uno de los tantos hechos que representan en sí mismo una forma que tiene la clase política de, precisamente, “hacer política”.
Sucede que el Concejal por la UCR, Prof. Alberto Lozano, quien es a su vez el presidente de la UCR comité Provincia, tuvo designado como “asesor” o “colaborador” desde el año 2006 y hasta el 01 de agosto de 2009, al ex diputado provincial Ricardo Davies quien a partir del 1º de agosto de este año se acogió a los beneficios de la jubilación en la Caja de Previsión de la provincia de Santa Cruz, accediendo a un haber mensual superior a los $ 12.000 mensuales.
La puntada inicial del descosido ruedo político provincial, donde no se escapa ni el oficialismo ni la oposición, la dio Fm News de Río Gallegos que difundió la primera noticia y que localmente levantara una enorme polvareda de opinión, dimes y diretes, que puso a Lozano en la incómoda situación de tener que explicar lo obvio, a través de los medios de Rudy Ulloa, radios, canales y diarios que nunca le hicieron ningún favor en épocas en que su figura se paseaba confundido entre los manifestantes docentes durante el conflictivo 2007.
Sucede que Lozano como Concejal ha mantenido por tres años en carácter de “ñoqui” (término no reconocido por ningún político en Santa Cruz) a este ex diputado que a su vez, cuando fue legislador hace unos cuantos años atrás, lo tuvo al propio Lozano como “asesor” en la Legislatura. Dicho esto y teniendo en cuenta que Ricardo Davies no reside en Río Gallegos (donde Lozano es Concejal) y por el contrario, es un próspero comerciante de Pico Truncado donde tiene una imprenta y fijó su domicilio particular, se podía entender todo esto como una “devolución de favores”, ya que indudablemente Davies necesitaba cumplimentar los años faltantes para su retiro y nada mejor que estar afectado al plantel de “asesores del edil” para dejar correr el tiempo necesario que debía computar en la Caja de Previsión y gozar de una considerable jubilación, la cual, si uno mira la situación de crisis de la provincia, podría catalogarla “de privilegio”.
Sin embargo en ésta, Lozano no está solo. Pues por Resolución del Consejo Deliberante de Río Gallegos que lleva el Nº 1153/09, firmada por la Presidenta del Cuerpo, Adriana Reyes (FPVS) y Sergio Luis Menéndez como Secretario General, la responsable del órgano legislativo hizo lugar al pedido del Concejal Alberto Lozano al otorgamiento de la baja a Ricardo Davies, que revistaba en Categoría 10 como “Personal Sin Estabilidad” en el HCD de esta capital, a partir del 1º de agosto de 2009.
Reyes, entonces, autorizó la baja de Davies integrante del Concejo Deliberante de Río Gallegos pero residente de Pico Truncado, tras ordenar (como corresponde) el pago de los días proporcionales a la Licencia anual complementaria y días “trabajados”.
Sin embargo, la salida de Davies del Concejo local, no se debía a un acto reflexivo del Concejal Lozano que interpretó a tiempo (aunque tres años después) que aún siendo “legal” el sostenimiento de un ñoqui de tamañas dimensiones, era éticamente incorrecto; no, por el contrario. La salida de Davies se debió a la necesidad de constatar el “tiempo cumplido” mediante los respectivos comprobantes de servicio, para presentar ante la Caja de Previsión Social los trámites de su jubilación como diputado provincial, una actividad que realizó por un solo período hace 20 años o más.
Es decir que el Presidente de la UCR provincial le facilitó a su amigo residente en Pico Truncado, un puesto a su lado en el Concejo Deliberante de Río Gallegos para que pudiera computar los años necesarios de modo que su dieta de retiro le permita vivir cómodamente la tercera etapa de su vida, sin tener que enfrentar los duros momentos que impone una jubilación mínima que a la gente común no le alcanza para nada.
El Concejal ha tratado de explicarlo de distintas maneras, pero la interpretación es una sola: es la manera de actuar que tiene la corporación política sea quien sea y de cualquier Partido que se trate. Las autoridades del Concejo Deliberante no son ajenos a esta situación como otras similares que transcurren en el recinto y los Concejales hacen la vista gorda sobre los pecados de sus pares porque en la mayoría de los casos guardan los suyos en el placard.
Sin embargo, llegaron épocas de vacas flacas. Los empleados municipales pelean en las calles por un aumento salarial y tienen parada la Municipalidad que ni siquiera recoge la basura de los vecinos. El Intendente Héctor Roquel (UCR) parece desconocer que se le imputa el ingreso de más de 300 puestos políticos desde su asunción los cuales van quedando como “capas de cebollas” en la administración municipal, agravando día a día el salario del empleado de carrera. El Concejo Deliberante de Gallegos autorizó hace dos días el pase a planta de 28 “empleados”, quienes hasta el día anterior eran colaboradores ingresados por los Concejales oficialistas en distintos cargos y los cuales debieran irse una vez concluido el mandato del edil. Sin embargo las plazas que han dejado al pasar al presupuesto municipal, ahora serán ocupadas por nuevos “asesores” y “colaboradores” que en el futuro se transformarán en personal de plantas y así sucesivamente se va sobredimensionando la estructura municipal que hoy supera los 3.000 empleados.
Roquel llegó a la Intendencia con la promesa de revisar los ingresos efectuados por sus antecesores, Villafañe y Aburto. Además de no hacerlo, aumentó considerablemente el número de empleados, quienes hoy salen a la calle porque el presupuesto municipal ni siquiera les puede asegurar el pago de su salario básico.
Los autoconvocados activos y pasivos protestan por el desfinanciamiento de la Caja de Previsión Social, sin embargo el presidente del principal partido opositor sostiene a una persona en un cargo ficticio para darle la facilidad de computar un tiempo necesario que le permita jubilarse con el mejor sueldo.
Y no es el primero, ni es el único. Lozano no es la excepción dentro del partido de la oposición y el oficialismo hace exactamente lo mismo en los ámbitos de actuación, sean estos, gobierno, Cámara de diputados o Concejo Deliberante.
Indudablemente la gente no solo debe dar la pelea en la calle por el desfinanciamiento de la Caja de Previsión, debe promover acciones concretas sobre este tipo de manejos éticamente reprochables que van a contramano con el discurso de aquellos que desde una banca política interpretan que todo lo hecho por los demás es pasible de ser objetado, revisado y cuestionado, excepto lo que hacen ellos, aunque se trate de una inmoralidad.
