La Dirección Provincial de Investigaciones, emito un dictamen por medio del Director Provincial de ese organismo cargo de Arturo Pedro Forment, referido a la investigación administrativa que se abrió a raíz de la denuncia efectuada por irregularidades en el Registro Civil de Pico Truncado.
Y L a investigación fue ordenada por el Jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno de Daniel Peralta.
El expediente se inicia por las denuncias públicas hechas por el conductor radial, Gian Franco Casarín, y ex candidato a Intendente en el año 2007. Estas denuncias se apoyaron en el testimonio brindado por Alejandra Sánchez, hija de la ex Jefa del Registro Civil, por su esposo y ex empleado del Registro Civil, Ricardo Vázquez y Elsa Lagos. Posteriormente Alejandra Sánchez realizo una denuncia penal en el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia.
En el dictamen se da cuenta del accionar reñido con las obligaciones del Funcionario Publico, de Ana María Sotomayor, de Victoriano Anaquin, de Hilda del Valle Colque y de Elizabeth del Carmen Ruz Gabriel.
En el caso de la ex Jefa del Registro Civil Ana María Sotomayor, el sumario administrativo, la acusa de “FALTA GRAVE QUE PERJUDICA MATERIAL O MORALMENTE A LA ADMINISTRACION PUBLICA, previsto Art. 39 de la Ley 591 que rige la administración pública, tornando su conducta pasible de EXONERACION. Destacándose que la “Sanción de hará constar en el legajo personal de la mencionada (…) atento que la misma no pertenece a los cuadros de la administración publica provincial (…) que de haber mantenido su relación de empleo con el estado publico provincial le hubiese correspondido DESPEDIRLA CON JUSTA CAUSA.
En los casos Victoriano Anaquin, Hilda del Valle Colque y Elizabeth del Carmen Ruz Gabriel, el sumario administrativo determina que su accionar constituye INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, determinadas en el Art. 7 de la Ley 591. Tornándose la conducta de los tres PASIBLE de la sanción de CESANTIA
En ninguno de los tres casos se determina si las conclusiones de Cesantia se tomaron a partir la fecha de escrito el documento, o si la medida fue apelada y se espera una sentencia firme de la Provincia para que las personas investigadas dejen de pertenecer a la administración publica. O si se espera un fallo JUDICIAL sobre estas personas; ya que los mismo siguen prestando servicios en al administración. En los casos de Anaquin, Colque y Grabiel trabajan actualmente en la Subsecretaria de Trabajo y Ana María Sotomayor se desempeña como Secretaria en la Municipalidad de Pico Truncado
En el expediente de la investigación queda con “meridiana claridad”, por medios de varios testimonios de Casarín, Alejandra Sánchez, Ricardo Vázquez, empleados del Registro Civil y varios vecinos que a Ana Maria Sotomayor se le acredita , “Su participación en actos graves, reñidos con la Administración Publica, (…) percibiendo dinero por tramites, tales como: extensión de certificados de nacimiento, casamientos, por los que cobraba hasta $ 300 los que se realizaban fuera de horario, (se destaca el caso de una ciudadana de República Dominicana a la que cobraron U$ 1000 por el casamiento) , actas de defunción, celebración de actos de matrimonio, asi como que utilizo recurso humano y material del Registro Civil en labores incompatibles con sus funciones como Empadronamiento de extranjeros con vista a las elecciones del 2007.”
En el Modus Operandis se acredita que, “Colocaban fotocopias del sello del Banco Provincia, como originales de Rentas a nombre de terceros (…) en certificados de nacimiento por ejemplo, casamientos, que se cobraban con diferentes precios, cambios de domicilios, cuyas tarifas oscilaban entre $ 20 y $ 60, sin dar ningún tipo de constancia al que solicitaba el certificado y además entregas de votos a personas extranjera el día del acto eleccionario, que no habían realizado tramites ni la firma del alta electoral”.
Las otras tres personas también se les imputa “Conducta contraria al proceder administrativo”, ya que varias testimonios los vinculas al cobro de tarifas por sellados que no debían cobrar. Según testimonios de una empleada, esta conducta de cobro se observo “Durante cinco años y en forma diaria”.
El Documento emitido por la Dirección Provincial de Investigaciones no toma una acción o posición sobre la denuncia hecha por Casarin con respecto a un supuesto fraude electoral perpetrado desde el Registro Civil por manipulación en el Padrón de Extranjeros, en este caso la Dirección de Investigaciones dice que el esclarecimiento sobre esa denuncia debe hacerse directamente desde la Justicia.
