
Estamos comenzando noviembre, no obstante, para los gobernadores terminar el año será una tragedia griega. Casi todas las provincias registran fuertes déficits en su economía, situación común en un país donde la política macrocefálica consiste en absorber cuantos recursos del interior sean posibles y luego devolver migajas. Pero esta vez, el Gobierno Nacional también tiene las cuentas en rojo y lo único que pudo o quiso hacer fue lanzarle a las provincias un "salvavidas de plomo" para que se arreglen como puedan.
Las provincias no administran libremente su economía, sino que dependen del giro presupuestario de Nación de la recaudación coparticipable. El miércoles se suspendieron algunos artículos de la ley de Responsabilidad Fiscal (sancionada en 2004) precisamente para evitar que exigan más coparticipación, y trasladar toda responsabilidad a los gobiernos del interior.
Cabe recordar que la ley suspendida exigía que las provincias mantengan sus economías equilibradas. Sin estas restricciones los gobernadores podrán ejecutar presupuestos financieros con déficit, aumentar el gasto público primario por sobre la tasa de crecimiento del PBI nominal y, fundamentalmente, emitir deuda para el financiamiento de gastos corrientes, como el pago de sueldos y a proveedores y contratistas, según informó Agencia CNA.
Según el diario La Nación, hasta ahora cinco provincias se están preparando para emitir bonos o solicitudes de préstamos por 4200 millones de pesos. Córdoba emitirá bonos por 1900 millones de pesos; Mendoza, con $ 520 millones; Río Negro, con $ 250 millones; Salta, con $ 75 millones. Y Buenos Aires va por $ 1455 millones,
No es necesario recordar los nefastos resultados que esta política causó en el pasado, cuando en el 2001 los empleados públicos cobraban sus salarios en cuasi monedas y su salario real se había reducido drásticamente. Además de los costos sociales que tiene el hacer recaer la crisis sobre el bolsillo del trabajador, el endeudamiento deja huellas y deja economías estancadas por años.
Además es notable como el grueso de las gobernaciones acepto la disposición de la Casa Rosada, sin exigir que se implementen otras opciones que dejen un poco mejor paradas a las economías provinciales.
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