Ninguneada desde el Gobierno, que designó a un militante de La Cámpora como su jefe, presentó su dimisión entre denuncias y polémicas . Lea Los FundamentosFUNDAMENTOS DE MI TRABAJO Y DE MI RENUNCIA
En julio de 2003, en el marco de la anunciada política transversal, acepté el
cargo de Subsecretaria para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la
Democracia de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Proponer las reformas,
seleccionar un equipo de profesionales capacitados, organizar eventos para
difundir esas políticas, articular con distintos actores sociales, impulsar la
normativa necesaria, eran parte de mi responsabilidad. Hoy puedo decir que esa
dependencia ha sido la plataforma apropiada para promover e instalar
mecanismos de participación y herramientas de gestión para un Estado de mejor
calidad.
Entiendo al Estado como un conjunto de instituciones que posee la potestad de
regular el funcionamiento de la sociedad. Ese Estado debe tener el nivel de
desempeño adecuado para ser promotor de desarrollo económico y equidad social
como así también de ciudadanía política, civil, social y cultural que son las
características de una democracia de calidad. El buen o mal funcionamiento del
Estado muestra qué calidad de democracia tenemos. Para abordar el desafío de
una democracia de calidad es imprescindible construir ciudadanía. Sólo una
democracia de ciudadanos y ciudadanas puede devolver a la política su dimensión
deliberativa, lograr la revalorización de la tarea de gobierno y generar la
transformación cultural que dote a ciudadanos y ciudadanas de cuotas crecientes
de responsabilidad a fin de asociarlos e integrarlos a una empresa colectiva
común. Con esta convicción hemos trabajado para fortalecer el vínculo entre
Estado y Sociedad a fin de poner en marcha reformas institucionales para una
democracia de calidad, es decir, eficiente, legítima, transparente y gobernable.
Orientamos nuestra estrategia por un lado -como Autoridad de Aplicación del
Decreto Nº 1172/03-, hacia la interacción entre aquellos que deben gestionar
políticas y la participación responsable de la ciudadanía. Por otro lado, por
tratarse el municipio del primer lugar donde se ejercita y concreta la
democracia, con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, implementamos el Programa Auditoría Ciudadana de la Calidad de las
Prácticas Democráticas en Municipios. Asimismo, en el marco de ambas líneas de
acción y en la certeza de que la confianza, valor fundante de la democracia, se
construye a partir del accionar conjunto, hemos articulado iniciativas y ejecutado
proyectos con gran cantidad de actores sociales.
Ha sido objeto de especial dedicación la implementación de la política propuesta,
tema que, si bien viene creciendo en importancia en ámbitos académicos e
investigaciones teóricas, aún no ha logrado que se le preste la necesaria atención
en la administración pública. ¿Qué entendemos por implementación? Ni más ni
menos que hacer operativa una decisión básica de política. Esto implica
reconocer que hay expectativas y oportunidades, tiempos y multiplicidad de
actores, intereses y responsabilidades que habrá que tener en cuenta en todo
momento. La implementación es, necesariamente, un proceso complicado,
cuando no conflictivo, que exige ir buscando una manera de coordinación que
integre diferencias y de lugar a una acción colectiva armónica y efectiva. El
esfuerzo para cambiar el comportamiento de gran número de personas, requiere
una mirada temporal de mediano y largo plazo, conocimiento y habilidades
técnicas que puedan ajustarse a los diversos contextos.
Visión, marco conceptual y capacidad técnica ha sido el trípode sobre el que se
asentó el trabajo de la Subsecretaría. Y los principios de las Cartas del Centro
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), firmadas por los
Presidentes Iberoamericanos desde el 2003 a la fecha, nuestra guía para la
acción.
La Carta Iberoamericana de Calidad de la Gestión Pública establece:
“Una gestión pública de calidad implica la observancia de valores éticos que la
orientan, tales como la vocación de servicio público, la probidad, la honradez, la
buena fe, la confianza mutua, la solidaridad y la corresponsabilidad social, la
transparencia, la dedicación al trabajo, el respeto a las personas, la
escrupulosidad en el manejo de los recursos públicos y la preeminencia del
Interés público sobre el privado.”
“Una gestión pública de calidad es aquella que contempla la evaluación
permanente, interna y externa, orientada a la identificación de oportunidades
para la mejora continua de los procesos, servicios y prestaciones públicas
centrados en el servicio al ciudadano y para resultados, proporcionando insumos
para la adecuada rendición de cuentas”
Y la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, de la
que he sido co-redactora-:
“La participación ciudadana debe ser un elemento transversal y continuo en la
actuación de los poderes públicos, que velarán para que pueda ser ejercida a lo
largo del proceso de formación de las políticas públicas, los programas sociales y
los servicios públicos.”
“La participación ciudadana en el proceso de formación de las políticas públicas
tiene que preverse tanto en su fase de formulación como en las de planificación,
ejecución, seguimiento, evaluación y control, mediante mecanismos apropiados.
En congruencia con ello, los Estados iberoamericanos deberán garantizar la
participación ciudadana en la gestión pública en todos los ámbitos sectoriales y
niveles territoriales: supranacional, nacional, regional o local, y en sus
correspondientes sistemas de gestión.”
“El acceso a la información es un derecho que sustenta el adecuado
funcionamiento de la democracia puesto que es condición para garantizar otros
derechos y, en particular, el de participación ciudadana en la gestión pública.
Como tal, estará protegido jurídicamente.”
“Los Estados iberoamericanos desarrollarán medios de participación que
posibiliten la incidencia ciudadana en las políticas públicas, cualquiera que sea su
ámbito territorial, y que den poder a la sociedad, independientemente del nivel
en que la participación ciudadana se desarrolle, sea a través de la información, la
comunicación, la consulta, la deliberación o la participación en la toma de
decisiones.”
Hemos sido coherentes con esos principios y hemos cosechado premios por ese
accionar que es desempeñado, esencialmente, por un equipo de jóvenes
profesionales con alta calificación técnica y gran compromiso con lo público.
Destacamos algunos reconocimientos recientes: inclusión en la Base de Mejores
Prácticas Democráticas (Dubai 2008), idem en la del Observatorio Internacional
de la Democracia Participativa (Reggio Emilia 2009). En lo personal, he sido
invitada a co-redactar la Carta Iberoamericana para la Participación Ciudadana
en la Gestión Pública, presentada en el XIV Congreso del CLAD realizado en
Bahía, Brasil, en 2009. Por otra parte, el Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas me ha seleccionado para ser miembro del Comité de Expertos
en Administración Pública y he aceptado integrar ese prestigioso organismo
compuesto por veinticuatro colegas del resto del mundo.
Hemos trabajado con la certeza de que no se cambia la cultura política de un día
para el otro y de que las prácticas participativas se perfeccionan y legitiman con
su uso. Es un proceso de construcción colectiva, que debe ser mirado con
perspectiva histórica. En ese proceso, el Estado debe cumplir un rol esencial y a
sus agentes se les debe permitir la flexibilidad necesaria para obtener resultados
en un clima laboral adecuado.
He trabajado durante seis años con libertad pero desde hace un par de meses se
nos imponen restricciones de manera cotidiana: suspensión de actividades y de
publicaciones ya programadas, pedido de renuncia a profesionales de alta
capacitación técnica y designación de otros que no cumplen con el perfil
requerido para el cargo, levantamiento de sitios web que dan cuenta de nuestro
trabajo, prohibición de viajes a los municipios del Programa. Todo esto sin aviso
previo, sin respuesta a llamados telefónicos, a notas o pedidos aclaratorios de
nuestra parte y en un clima de hostilidad creciente. La autonomía intelectual y
emocional que puse como condición para el ejercicio del cargo se ve afectada por
estas medidas, por lo que he tomado la decisión de renunciar. Mi responsabilidad
indica, entonces, que hay que registrar lo hecho, sistematizarlo y dejarlo en
condiciones para que otros puedan continuar la tarea. El informe de gestión que
acompaño, realizado con la colaboración de la Lic. Pamela Niilus, del Dr. Germán
Stalker y de la Dra. Marcela Lacueva Barragán da cuenta del trabajo de estos
años.
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2009
Marta Oyhanarte
Fuente: Perfil
