El magistrado fijó un plazo de 72 horas para que las partes acataran la medida. La Unión de Trabajadores de la Educación (Unter) anunció que continuará con el paro, el corte en la ruta 22 y las manifestaciones hasta pasado mañana, día en que debatirá en un congreso el posible levantamiento de la medida de fuerza.
Los docentes instalaron ayer una carpa frente a la Casa de Gobierno en Viedma y se movilizaron en distintas localidades. Además, mantienen el bloqueo de la ruta 22 en la zona del Alto Valle.
Por su parte, el gobierno de Saiz, decidió "acatar el fallo judicial" y convocó para hoy a paritarias, en las que ratificaría la última propuesta salarial -realizada fuera de ese ámbito de negociación- de 100 pesos bonificables y no remunerativos por cargo docente.
El Superior Tribunal de Justicia ordenó al gobierno a no descontar a los docentes los días de huelga con el argumento de que "la prolongación indefinida del conflicto puede llegar en muchos supuestos a que los aumentos que puedan otorgarse a los maestros terminen consumiéndose en días de descuento".
Según explicaron fuentes judiciales de la provincia, el fallo lleva la firma del juez subrogante porque se trata de una acción de amparo en competencia originaria, con características similares a la de una medida cautelar y, por lo tanto, debe ser analizada sólo por un magistrado, según lo prevé la Constitución de Río Negro. Además, el presidente del tribunal, Luis Lutz, está de licencia.
Tras cuestionar la "actitud pasiva" del Estado provincial, el juez Sodero Nievas destacó: "El interés superior del niño merece una consideración primordial", y recordó que la Convención de los Derechos del Niño, que tiene rango constitucional, dispone la obligación de "adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir la tasa de deserción escolar".
El juez sostuvo: "No ha habido actividad útil del Estado en orden a los bienes que debe proteger, atender y conciliar, y esa inactividad pone en riesgo los resultados de la negociación paritaria".
El fallo advierte que el conflicto ha hecho perder ya 25 días de clases y cuestiona el carácter de "una medida de fuerza por tiempo indeterminado". Señala: "Se han visto amenazados otros bienes básicos constitucionales de terceros ajenos al conflicto, de toda la comunidad y, especialmente, de los padres amparistas, que también tienen derechos y deberes primarios en relación con la educación de sus hijos".
Fundamenta, así, que "los derechos del niño deben prevalecer sobre los demás en conflicto, sin que constituya una regla definitiva, ya que la ponderación debe hacerse en el marco de un caso concreto
