El gobierno de la provincia de Santa Cruz quedó atrapado en medio de dos piquetes, el de los petroleros y el de los desocupados. El principal motivo de esta difícil situación en la que quedó el Gobernador Peralta parte de tres hechos fundamentales: uno, por haber dado apoyo explícito a los trabajadores petroleros en su lucha por las reivindicaciones salariales; dos, por el corte innecesario de la Ruta Nacional Nº 3 por parte de los petroleros y tres por la actuación que ordenó anoche a la policía, sobre el último piquete realizado por desocupados en Caleta Olivia. (Por Rubén Lasagno)
Teniendo en cuenta que un corte de ruta es un hecho ilegal, sea que éste lo efectúe un petrolero, un docente o un desocupado, en todos los casos la situación es punible por igual y merece el mismo tratamiento procedimental, si nos ajustamos objetivamente a los derechos y obligaciones que todos tenemos ante la ley.
Cuando el gobernador dio su apoyo explícito a la lucha salarial de los petroleros y éstos iniciaron un corte de ruta sin que la medida fuera cuestionada o denunciada por ningún funcionario de gobierno, ni policía, ni Fiscal, ni Juez, quedó implícito el apoyo del Gobernador al piquete y evidente un sospechoso silencio de las demás autoridades ante el hecho consumado.
Luego, cuando los desocupados ocuparon ilegalmente la ruta, rápidamente apareció una denuncia, la Jueza Eva Parcio emitió una orden, el Gobernador sacó la Infantería a la ruta y reprimieron, dejando entrever una notable diferencia entre el tratamiento que se le dio a un conflicto y a otro, aún cuando los dos hayan tenido la misma raíz: nacieron de un reclamo justo y se plasmaron en un acto ilegal.
El gran perjuicio que le ha ocasionado todo esto a la figura del Gobernador Peralta, posiblemente pueda ser mensurado en los meses posteriores. Indudablemente su entorno no ha sabido avisorar los peligros que implicaba mantener una asociación sin límites con los trabajadores petroleros, ni determinar las estrategias para preservar su imagen política de este impacto negativo que hoy sufre su figura como máxima autoridad provincial.
El corte de ruta iniciado por el sector petrolero fue un acto innecesario, porque la verdadera pelea no la daban “hacia adentro de la provincia”, sino que respondía a intereses intestinos del Sindicato que tenía como enemigo a las operadoras petroleras. Si a eso le sumamos que las negociaciones se llevaban adelante en Buenos Aires, uno debe preguntarse ¿Qué objeto tenía cortar la ruta 3 en Caleta Olivia?. Ninguno, porque la inactividad de los pozos estaba garantizada y las empresas, deshabilitadas mientras durara el conflicto.
Alguien tendría que haberle soplado en el oído al mandatario frases hipotéticas como esta: “Daniel, decile a los muchachos que replieguen, es un corte estúpido, sin sentido, antipático, solo sirve para dar una muestra de poder, para decir que la tienen más larga, pero que te obliga a vos a ser un cómplice en la omisión y te van a crucificar cuando debas actuar contra otros grupos”.
Sin embargo el corte de la ruta 3 por parte del sector petrolero creó una corriente de antipatía social, cuestión que siempre ocurre cuando hay piquetes y bloqueos de caminos y dejó al Gobernador expuesto a conceder en silencio y avalar una medida ilícita.
Lógico era pensar que el problema se le iba a presentar al gobierno cuando apareciera el próximo piquete y se viera forzado a actuar presionado por los reclamos. Ese día llegó y bajo la premisa “si ellos pueden nosotros también”, los desocupados imitaron la fórmula utilizada por los petroleros, pero esta vez la jueza reaccionó y el gobierno actuó, como tal vez debiera hacerlo en todos los casos y no solo en algunos cuando quienes están al frente son débiles y desorganizados.
Ahora bien ¿El gobierno estuvo mal ordenando despejar la ruta?, obviamente que no, aunque se le puede cuestionar los métodos; sin embargo, la gran pregunta es ¿Por qué no hizo lo mismo cuando trabajadores petroleros cortaron el acceso norte de Caleta por una semana?. La explicación del Comisario Alejandro Martín fue que en aquella oportunidad “eran más flexibles” y “estaban en negociación”. La otra explicación es que en esta oportunidad hubo una orden judicial y antes no y de esta forma podemos seguir explicando y dando excusas interminablemente.
Las palabras del funcionario policial no son solo desacertadas sino desafortunadas por el contexto en el cual las expresó, teniendo en cuenta que hace muy pocos días el gobierno sostuvo, mantuvo y avaló una situación similar.
Pero nosotros hemos ido más allá y creemos haber encontrado la verdadera razón de este comportamiento desigual a la hora de tratar un conflicto y otro. Esa razón se desprende de dos cláusulas incluídas en el acuerdo petrolero que suscribieron las operadoras con el gobierno provincial que ha transformado en rehén, tanto al trabajador petrolero como al Ejecutivo.
El su punto tercero y refiriéndose a los trabajadores afiliados al Sindicato de Petroleros, la Resolución establecer que deberá asegurarse “la libre circulación por las vías de acceso a los yacimientos, instalaciones y centros de almacenamiento de hidrocarburos”.
Más adelante es mucho más específico el compromiso firmado por el gobierno cuando en el texto del documento se inserta una cláusula que expresa textualmente:
“En caso de ser interrumpida la operatoria normal por medidas de acción directa, el gobierno de la provincia de Santa Cruz se obliga con el compromiso y la colaboración del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz y el gobierno nacional a instrumentar todos los procedimientos de emergencia requeridos a efectos de garantizar la recepción y el transporte ininterrumpible bajo el sistema open-access (acceso abierto) de los hidrocarburos líquidos de las empresas productoras firmantes a través de los oleoductos como así también todas las medidas necesarias a efectos de garantizar la normal operatoria de las terminales de despacho de hidrocarburos, como así también a brindar todo el apoyo necesario para remediar los efectos de contingencias ambientales que se hubieran ocasionados”.
A partir de aquí todas las explicaciones que intentan formalizar por los medios, el Ministro Barreto, el Jefe de Gabinete Pablo González y el Intendente Fernando Cotillo, suenan a excusas vagas que solamente logran oscurecer aún más el panorama y no ayudan en nada al gobierno de la provincia.
