
Los ecos del conflicto petrolero son muchos y variados, de acuerdo a la fuente de la cual provenga la información. Sin embargo, lo expresamente puntual se desprende del “acuerdo” o Resolución firmada por las partes, con aceptación del Sindicato, las empresas y el gobierno provincial, a partir del cual los trabajadores petroleros claramente han perdido la posibilidad de realizar reclamos salariales y se les coarta la posibilidad de huelga, derecho constitucionalmente reconocido en nuestro país.
“Con este arreglo, mis ex compañeros han perdido la capacidad de pelear por sus derechos, porque el día que lo hagan los echan. No hay ni un solo tiro para el arco del trabajador” sintetizó un ex trabajador petrolero que hoy está dedicado al comercio.
Básicamente el conflicto fue resuelto con imposición (no con consenso) para los trabajadores petroleros de Santa Cruz. El documento expresa en una de sus partes principales:
1) La permanencia de dotaciones mínimas requeridas por las empresas con el fin de asegurar la normal provisión y producción de hidrocarburos;
2) la continuidad de los equipos de perforación, terminación, reparación y/o servicios de operaciones especiales cuya interrupción signifique un daño y/o riesgo en las operaciones respectivas y
3) la libre circulación por las vías de acceso a los yacimientos, instalaciones y centros de almacenamiento de hidrocarburos.
El Sindicato obliga a que en los casos de medida de acción directa que implique la falta de prestación de las tareas laborales por parte de los trabajadores cualquiera fuera su naturaleza y origen, se implique indefectiblemente la no percepción de conceptos vinculados a las cláusulas de Paz Social así como el descuento del total de los salarios y los beneficios de Vianda, Ayuda Alimentaria y Horas de Viaje correspondientes a los días no trabajados como asimismo los adicionales no convencionales, en caso de su existencia”, según establece el convenio rubricado en el Ministerio de Trabajo.
El acta también establece que “en caso de ser interrumpida la operatoria normal por medidas de acción directa, el gobierno de la provincia de Santa Cruz se obliga con el compromiso y la colaboración del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz y el gobierno nacional a instrumentar todos los procedimientos de emergencia requeridos a efectos de garantizar la recepción y el transporte ininterrumpible bajo el sistema open-access (acceso abierto) de los hidrocarburos líquidos de las empresas productoras firmantes a través de los oleoductos como así también todas las medidas necesarias a efectos de garantizar la normal operatoria de las terminales de despacho de hidrocarburos, como así también a brindar todo el apoyo necesario para remediar los efectos de contingencias ambientales que se hubieran ocasionados”.
Este documento fue firmado por la Secretaria de Trabajo Noemí Rial, el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Roberto Baratta y el Secretario de Trabajo de la Provincia de Santa Cruz, Raúl Santibañez, Mauricio Riafrecha Villafañe, secretario de Conciliación de la DNC - DNRT y “comparecieron por el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz” Héctor Segovia; Diógenes Padilla; Jaime Medina; Ricardo Garrido y Sergio Torres.
Por el sector empleador firmaron Mauro Dacomo y Domingo Rocchio por YPF SA; Rodrigo Ramacciotti por Pan-American Energy, Ricardo Aguirre por Chevron, Mario Lordi por Petrobras Energía, Alfredo Mallea Gil por Enap-Sipetrol Argentina, y Horacio Cester y Ricardo Rodríguez por Occidental Argentina.
Las fuentes de esta Agencia que analizaron el conflicto, su desarrollo y su terminación, no dudaron en indicar que el Sindicato obtuvo algunos aumentos pretendidos a costa de un compromiso eterno de no plantar nunca más un conflicto de tal magnitud que obstaculice la producción petrolera.
“El sindicato se obliga especialmente, a que en el futuro, cualquiera sea la naturaleza del conflicto, no se reclamará el tema de los días caídos”, esto implica que las empresas no pagarán de aquí en más los días no trabajados, teóricamente uno de los puntos que prolongó este último paro y que comprende no solo a este sindicato sino a todos los gremios petroleros patagónicos.
De esta manera las empresas se han asegurado “la paz social” a través del Sindicato, por un lado, al cual lo condicionaron a no entablar ningún tipo de conflicto más de aquí en adelante y a la provincia la obligan a despejar rutas y caminos que impidan el tránsito de sus camiones o equipos. Esto, de acuerdo a lo que se puede recoger como opinión generalizada en Caleta Olivia y entre los mismos afiliados petroleros, no es no solo para los piquetes que realice ese sector, sino para todo aquel que con sus manifestaciones produzcan cortes de rutas que impidan el paso de equipos de las empresas. Es decir, que las empresas estarían obligando al gobierno de Peralta a actuar, como actuó finalmente el día viernes en contra de los desocupados, una situación que podría complicar notablemente el cuadro social de aquí en adelante en la provincia de Santa Cruz.