¿Qué hará el colectivo que preside Ricardo Lorenzetti ante la respuesta del Gobierno de Santa Cruz, que juzga "imposible" dar cumplimiento a la reposición del fiscal de Estado, Eduardo Sosa? Sin duda es una situación muy complicada porque si se sientan precedentes de que los fallos de la Corte Suprema no tienen ejecución, serán frecuentes las sentencias que desconocerán gobernadores, intendentes municipales y jefes de otras jurisdicciones, quienes siempre tendrán a mano alguna formalidad contraria.El ministro de Gobierno de la provincia de Santa Cruz, Juan Carlos Barreto, le dijo a periodistas del diario Prensa Libre, durante el acto binacional en el paso internacional Monte Aymod, a 60 Km. de Río Gallegos, que es "imposible" para la Administración Peralta dar cumplimiento a la reposición de Eduardo Sosa como Fiscal de Estado, informó el matutino santacruceño. Sosa fue destituido en forma irregular por Néstor Kirchner cuando era gobernador, hace 14 años. Kirchner siempre se negó a cumplir los 3 fallos anteriores de la Corte Suprema que obtuvo Sosa. Pero era la Corte Suprema menemista. Ahora, la Corte Suprema que, en parte, fue designada por Kirchner, quien no ha ahorrado ponderaciones al actual colectivo judicial, también ordenó al gobernador santacruceño Daniel Peralta dar cumplimiento al fallo de reposición, y aparece la nueva negativa santacruceña. Y esto ocurre en el marco del reposicionamiento de la Corte Suprema que, evidentemente, no puede permitir que su fallo caiga en saco roto.
El despacho de Prensa Libre es el siguiente:
Para el Ministro de Gobierno “es imposible cumplir con el fallo” de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ordenó al Gobierno de la provincia restituir al ex procurador de Santa Cruz, destituido hace 14 años.
En diálogo con Prensa Libre en Monte Aymond, donde asistió a un acto el viernes 30/10, el ministro Carlos Barreto se refirió, entre otros temas, al denominado 'caso Sosa'.
“Es imposible cumplir (con el fallo) porque nos ordenan que no se cumpla con la Constitución de Santa Cruz”, aseguró el titular de la cartera política del Gobierno al referirse al dictamen del Alto Tribunal.
El llamado 'caso Sosa', que llegó a ser planteado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, comenzó cuando Sosa era Juez, Fiscal de Cámara y, finalmente, Procurador General desde 1990.
5 años después fue sancionada la ley que lo destituyó, y desde allí comenzó un extenso peregrinaje judicial. Logró que la Corte se pronunciara en 3 oportunidades en favor de que lo repusieran en su cargo.
El ministro, refiriéndose a las manifestaciones de dirigentes de la oposición, que incluyó una solicitada apoyada por organizaciones gremiales, señaló: “no conocen la orgánica de la Justicia y ni siquiera han leído los diarios de sesiones”, ya que el Dr. Claudio Espinoza “tuvo el acuerdo en la Cámara de Diputados”.
En cuanto al fallo, Barreto dijo que “la Corte Suprema de Justicia nos manda a cumplir un dictamen que es imposible de cumplir, porque se generaría un nuevo caso Sosa en Santa Cruz”.
A principios de la semana pasada y por intermedio de la Fiscalía de Estado, el gobernador Daniel Peralta presentó un recurso de aclaratoria ante la CSJ para solicitar información sobre la restitución del ex procurador Sosa que ordenó el pasado 20 de octubre el Máximo Tribunal.Por su parte, Espinoza hizo un pedido de nulidad.
La sentencia de la Corte le reclama a Peralta que cumpla con la “efectiva reposición” del ex Procurador en un plazo de 30 días, “bajo apercibimiento de dar intervención a la Justicia Penal para que se investigue la posible comisión de un delito de acción pública”.
Barreto informó que los asesores legales del Gobierno de la provincia evalúan el fallo e indicó que hay predisposición a cumplir con la sentencia, pero “hay cuestiones que imposibilitan que se cumpla”.
El funcionario también disparó contra el electo diputado nacional y referente de la oposición Eduardo Costa, al afirmar que éste desconoce cómo es el mecanismo y la estructura de la Justicia.
Consultado sobre el conflicto en el Poder Judicial, que amenaza con colapsar el servicio procesal en la provincia, por la protesta que realiza desde hace varias semanas el gremio de los empleados judiciales, el ministro manifestó: “La seguridad trabaja de la mano con la Justicia y el personal policial es auxiliar en algunos casos de ésta. Estamos preocupados por el funcionamiento de la Justicia, pero son cuestiones que ésta deberá dirimir con sus trabajadores”, sostuvo el funcionario y agregó que la medida de fuerza afecta al personal policial pero “aspiramos que lleguen a un entendimiento” las partes.
En este sentido, el ministro pidió al gremio reflexionar ante la realidad económica que tiene la provincia comparada con otras, y que Santa Cruz no puede supeditarse a presupuestos nacionales cuando “tenemos un presupuesto propio que se ajusta a nuestros ingresos".
