
Lucy Dalglish, directora ejecutiva del Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa dijo que ese enfoque fue "con toda sinceridad una bofetada en el rostro".
El senador Charles Schumer se reunió el mes pasado con el secretario de Justicia, Eric Holder, para tratar de encontrar un común denominador, señaló la oficina de Schumer.
El proyecto de ley original se centraba en la idea de que se debía lograr un equilibrio jurídico bajo el cual, un juez federal consideraría el derecho del público a la información frente a los argumentos del gobierno sobre seguridad nacional.
El gobierno quería eliminar ese equilibrio en muchos casos que involucraran terrorismo y otros casos de seguridad.
Senadores que apoyan la llamada iniciativa de "ley escudo" para la prensa dijeron el viernes 30/10 que el acuerdo autoriza al gobierno a anular esos derechos en ciertos casos de seguridad nacional, reportó Jim Abrams, desde Washington DC para la agencia AP.
El senador Charles Schumer, demócrata por Nueva York, señaló que el acuerdo "logra el equilibrio justo entre preocupaciones sobre seguridad nacional y el derecho del público a ser informado".
Schumer señaló que éste resguardaría una defensa fuerte para reporteros que tratan de proteger sus fuentes, al tiempo que aseguraría que el gobierno pueda hacer su trabajo para proteger a los ciudadanos".
El Comité Judicial del Senado podría ocuparse la semana próxima de la legislación modificada.
Dalglish, directora ejecutiva del Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa, y miembro del equipo de medios de comunicación involucrado en las negociaciones, dijo que ellos estaban recomendando que la coalición más amplia de medios que apoya la protección a reporteros respalde el acuerdo
"Pienso que las concesiones que hacemos son tolerables y también las que hace la Casa Blanca. Es ciertamente mejor que la situación actual", agregó Dalglish.
Bajo los términos del acuerdo ese concepto del equilibrio sería eliminado en casos de filtración de información secreta en los que el gobierno pueda mostrar que es necesaria la identificación de una fuente para evitar o mitigar un acto de terrorismo o de daño sustancial a la seguridad nacional. Pero el gobierno también tendría que proporcionar hechos específicos.