En el marco de la causa, se produjo el careo entre el CEO de Clarín, Héctor Magnetto, y el ex dueño del diario La Razón, José Pirillo, aunque el encuentro se redujo a un juego de acusaciones cruzadas en el que los dos se trataron de mentirosos. Pirillo declaró por escrito hace unos meses que Magnetto le había confesado en 1985 que fue él quien hizo las gestiones para que el dictador Jorge Rafael Videla "le consiguiera los chicos" a la propietaria del Grupo Clarín.La Cámara Federal de San Martín cuestionó las demoras del juez que investiga la identidad de los hijos adoptivos de la dueña del Grupo Clarín y le ordenó la urgente extracción de ADN para saber si los jóvenes fueron apropiados durante la dictadura.
Luego de siete años, la causa que investiga la presunta apropiación ilegal de Felipe y Marcela Noble está a punto de esclarecerse gracias a un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín que exige al juez Conrado Bergesio que cumpla de "forma inmediata y sin más dilaciones" con la obtención de las muestras genéticas necesarias.
La Cámara ya había recomendado a fines de septiembre que “en forma urgente y sin demoras” se llevaran a cabo las medidas, pero el magistrado a cargo de la causa siguió dilatando las gestiones.
En este sentido, el documento conocido anoche y que lleva la firma de los jueces de la Sala 2, Hugo Gurruchaga y Alberto Criscuolo, critica la actuación de Bergesio al considerar que “se enreda en discusiones inconducentes a la par que no realiza la medida básica esencial e impostergable de ejecutar la toma de muestras de ADN”.
“Tal omisión resulta a esta altura manifiestamente injustificada en particular cuando se advierte que el trámite de esta causa lleva más de siete años y que a pesar de lo señalado por el tribunal la medida de prueba no se ha realizado”, agrega la Cámara de San Martín.
El nuevo fallo también revoca la decisión de Bergesio que consideró inconstitucional el decreto presidencial para que las pruebas de ADN deban realizarse en el Banco Genético del Hospital Durán y no en el Cuerpo Médico Forense, como pretenden los abogados de la dueña del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble.
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