El Gobierno nacional maneja millonarios fondos del impuesto a los combustibles que deberían destinarse a obras viales. Pero su par bonaerense concesionará las rutas que van a la Costa para subvencionar los trabajos con el cobro de peajeUn día antes del hallazgo de la familia Pomar al costado de la ruta 31, víctima de un accidente de tránsito, la Legislatura provincial sancionó una ley para autorizar al Ejecutivo bonaerense a reconcesionar las rutas 2 y 11 y crear el corredor vial del Atlántico, que incluye los principales caminos para ir a las ciudades balnearias de la Costa y que podrán ser explotados por el sistema de peajes durante 30 años.
El método de concesión de las rutas 2, 11, 63, 56, 74 y vinculadas, es fuertemente cuestionado porque se prevé que las obras a realizarse en esos caminos sean subvencionadas por los usuarios con aumentos en los peajes. “Se trata de un negocio de $ 3.200 millones a valores actuales de peaje, pero que será mucho mayor ya que se prevé un gran aumento de la tarifa hasta llegar a
$ 50”, consideró el diputado provincial socialista, Carlos Nivio.
Desde la Comisión Nacional de Usuarios Viales (Conaduv), su titular, Ricardo Lasca, dijo a Hoy que “el gobernador (Daniel Scioli) debería tener coraje, decisión y voluntad política, y junto con otros gobernadores, exigir al Estado nacional que reasigne parte de lo que recauda de fondos viales por el impuesto a los combustibles, tasa al gasoil, etc., que deberían ser destinarlos a obras de infraestructura, sin cabinas de cobro de peaje ni aduanas interiores”.
De acuerdo a cifras oficiales, por el impuesto nacional con que se grava al gasoil y que fue creado para ser destinado a obras viales “se recaudaron desde que se creó el tributo hasta el 30 de septiembre de 2009
$ 15.500 millones que han sido enviados al Sistema de Infraestructura del Transporte (SIT) el cual incluye al SISVIAL (Sistema Vial), que sólo recibió un monto bruto de
$ 9.385 millones, del cual se utilizaron en obras viales $ 5.738 millones, correspondiendo solamente $ 1.084 millón para las ubicadas en territorio bonaerense”, relevó Nivio a partir de los datos de la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura (Ucofin).
“Vialidad de la Provincia debe tener un porcentaje mayor del impuesto a los combustibles que está siendo destinado para subsidiar el transporte”, dijo a Hoy el diputado provincial del Gen, Jaime Linares, que denunció que la Provincia tiene menos inversión.
Según reconoció en declaraciones periodísticas el director de Vialidad bonaerense, José Curto, “la mitad de las rutas (de la Provincia) están en buen estado”. Mientras, el presupuesto para ese área sigue siendo el mismo desde 2008”.
Ante esta situación, el senador provincial del Ari, Gerardo Reverberi, aclaró que “las únicas rutas usables son las de la Costa. Las del interior de la Provincia son deplorables y la culpa está en veinte años de falta de inversión. Ahora lo que hacen es tapar baches, nada más”.
Sin embargo, la intención de la Provincia es que con el aumento de los peajes en las rutas que van a la Costa se financie la ampliación a tres carriles por mano y un nuevo sistema de iluminación para la autovía 2. Además, la ruta 11 tendrá dos carriles por mano hasta los balnearios del partido de la Costa.
“No se puede buscar una solución a un problema con una alternativa que ya fracasó como el cobro de peaje”, dijo Linares en relación de la concesión por el sistema de peajes, que ya fue otorgado en la ruta 2 a la empresa Covisur SA y en la 11 a Caminos del Atlántico SACV, que todavía tienen el contrato vigente.
La Nación también recurre a aumentos de peajes
El aumento en las tarifas de peaje, que regirá desde hoy en las autopistas que acceden a la ciudad de Buenos Aires, fue decidido “en forma autoritaria y antidemocrática”, consideró ayer el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv).
La entidad, además, expresó su “más enérgico rechazo al nuevo” incremento en el peaje, que en algunos casos elevará hasta un “56 por ciento las tarifas”. Según Conaduv, la determinación del “Gobierno nacional demuestra claramente” que “sólo interesa y preocupa la ecuación económico financiera de los concesionarios viales, pero nada” la “relación
beneficio y costo del usuario”.
En un comunicado, el Comité calificó de “abusivo e ilegal” el aumento, porque “no existe” un estudio “técnico y económico que fundamente las nuevas tarifas que se cobrarán” desde hoy.
En un informe, el Comité recordó que este año “hubo un aumento de hasta el 110 por ciento en las tarifas de peaje en los Accesos Norte y Oeste” para “remodelar y ampliar la avenida General Paz”, cuyas obras “no han comenzado”.
Una situación similar ocurrió en el caso del incremento de “112% en la autopista Ricchieri-Ezeiza-Cañuelas, con el falso argumento de realizar nuevas obras” que “tampoco en este caso las obras se han iniciado”, especificó el documento. “El peaje no es un pago a cuenta de futuras obras”,
sino “una contraprestación real ofrecida”, resaltó la entidad.
Críticas al cobro en las cabinas para financiar obras
Las rutas 2 y 11 están concesionadas a las empresas Covisur SA y Caminos del Atlántico SACV respectivamente, y sus licencias vencen en 2011 y 2012. Sin embargo, la ley sancionada la semana pasada en la Legislatura provincial contempla la rescisión de los contratos para que la explotación de ambos caminos, junto con las rutas 63, 56, 74 y 36, quede en manos de un mismo operador.
Entre las obras que se esperan construir con el aumento de los peajes, la autovía 2 pasaría a tener
tres carriles por mano, que se sumarán a las colectoras, y contaría con un nuevo sistema de iluminación. Además, la ruta 11 tendrá dos carriles por mano hasta los balnearios del partido de la Costa.
Sin embargo, el método de financiamiento de esos trabajos para la ruta 2 y 11 es fuertemente criticado. “El sistema de peaje con cabinas de cobro en ruta, es antieconómico, ya que al ser caminos de baja densidad de tránsito anual, lo que se recauda se gasta en gran parte en el mantenimiento de las garitas y su administración, no llegando plata al camino”, dijo Ricardo Lasca del Conaduv. Además, agregó que, en esas rutas, “también es anticonstitucional, ya que no existen caminos alternativos libres de pago” y que “es claramente ilegal, ya que las tarifas no cumplen con lo expresamente establecido en la ley de Peaje provincial 9.254”.
El diputado socialista Carlos Nivio destacó que “en la actualidad las empresas Covisur y Caminos del Atlántico recaudan algo más de $ 100 millones anuales con el cobro de peaje”. Sin embargo, la ley “indica que las empresas adjudicatarias realizarán inversiones por $ 300 millones anuales durante los primeros cuatro años de concesión, totalizando al final de la misma un total de $ 8 mil millones que, de ser ciertas, evidenciarían la intención de aumentar como mínimo un 300% el valor de la tarifa de peaje, sólo para solventar las inversiones comprometidas y sin ganancia empresarial, lo que avalaría su elevación a $ 50”, completó el legislador bonaerense.
Por su parte, Lasca señaló que “el costo km/año de mantenimiento oscila entre los $ 15 mil a $ 40 mil. Con aproximadamente $ 70 millones por año, se puede mantener la autovía 2 y ruta 11, sin cobrar peaje”.
diariohoy
