
En declaraciones radiales, la magistrado sostuvo que “el trato fue sumamente respetuoso, guardando el pudor de las personas, atendiendo a la condición de víctimas” y remarcó que “toda la diligencia de allanamiento se desarrolló conforme lo marca la Constitución y el Código de Procedimiento”.
“No creo que haya habido ningún exceso, más allá del disgusto”, aseveró Arroyo Salgado. De esta manera se contrapone a la declaración de los hermanos Noble Herrera, que dijeron que al momento del allanamiento les obligaron a quitarse toda la ropa delante de siete personas.
La jueza afirmó que las medidas que tomó, en el marco de la causa que intenta determinar si los hijos adoptivos de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, son o no hijos de desaparecidos, "no tienen nada que ver con ninguna especulación política".
"Yo trabajo con la Constitución y la ley, y las medidas que tomé son las mismas que adopté en otros casos semejantes, por posible sustracción y apropiación de personas de la época de la dictadura", explicó Arroyo Salgado.
La magistrada contó que la decisión de llevar adelante el procedimiento surgió de la negativa de Marcela y Felipe de prestar su consentimiento para la confrontación de las pruebas de ADN.
“Frente a esto, la ley impone al juez el deber de lograr estas muestras de ADN por otros mecanismos alternativos y consagra expresamente la potestad de requisas personales o registros domiciliarios”, explicó.
En ese sentido, remarcó que los abogados de los jóvenes “firmaron en plena conformidad” las actas de los allanamientos y sostuvo que “no hubo quejas en el procedimiento que estén documentadas en las actas”.

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