Desde hace unos años el gobierno nacional y los de muchas provincias argentinas, han impulsado un negocio que – contrariamente a lo aconsejado socialmente – su proliferación y expansión crea enormes problemas en la población, la empobrece, la enferma y genera profundos dramas sociales en el seno de las familias; nos referimos al juego.
Kirchner ha facilitado la proliferación del juego de la mano de su amigo el empresario Cristóbal López quien se ha expandido notoriamente en todo el territorio nacional y es dueño de la marca “Casino Club”, máquinas tragamonedas y todo tipo de emprendimiento relacionado con esta actividad que fomenta la ludopatía e impacta negativamente en la población adicta.
Por este motivo la diputada por Encuentro Ciudadano Gabriela Mestelán elevó un pedido al Poder Ejecutivo provincial para que a su vez ordene a los organismos que correspondan, que emitan un listado con cantidad de casinos, salas de bingos, casas de máquinas electrónicas de juego y azar y tragamonedas habilitados en la provincia con detalle de cantidad de máquinas habilitadas, las personas físicas o jurídicas titulares de dichas concesiones; como así también el tiempo por el que se otorgó la explotación y copia de los contratos efectuados en cada caso, Finalmente se exige conocer el canon que pagan a la Provincia e ingresos de cada una de las casas de juego desagregado el canon señalado.
Así presentado la diputada intenta conocer en detalle la mecánica, modalidad y renta que deja el juego porque sostiene Mestelán que “Desde el Estado no puede fomentarse el juego como lo ha hecho hasta el presente, en función de obtener rentas para invertir en planes sociales o destinos similares” y agrega “es de vital importancia analizar si la relación entre los ingresos que obtiene esta actividad comercial y lo que percibe la Provincia por dicha explotación es significativa y equitativa para los intereses provinciales cuando se señalan arcas fiscales escuálidas para atender las necesidades de nuestros comprovincianos”
Finalmente la legisladora consideró que los datos solicitados son necesarios para, desde la Legislatura, “poder trabajar con mayor claridad en una ley que imponga cánones razonables a quines explotan esta actividad que deja enormes ganancias para quienes las explotan.
