Después del suceso en Las Heras, donde un oficial de policía mató a un delincuente con un disparo de fusil FAL, el FUT-PO hizo una serie de cuestionamientos que ponen en duda el accionar de la policía y admite como propuesta la constitución de consejos vecinales para controlar y participar en la selección de los agentes del Orden.
Luego de la muerte del ciudadano Vargas en la ciudad de Las Heras, el cual fue baleado por un oficial de policía en una pierna con un disparo de fusil, se levantaron olas de rumores que han merecido la participación de varios actores sociales y políticos. Entre ellos el FTU-PO elaboró un comunicado donde plantea el tema y solicita que la policía esté controlada por los ciudadanos y abra la información de sus actividades institucionales al público.
El Fut comienza señalando “La detención del oficial principal Perea, acusado de haber asesinado a Popeye Vargas el 13 de Enero pasado, producto de haberle disparado con un FAL, con alevosía y ensañamiento, ha abierto la discusión en la localidad de Las Heras y el resto de la provincia, acerca de las responsabilidades y atribuciones de la policía”.
Más adelante agrega “Se han escuchado rumores de acuartelamiento. Se estarían juntando firmas a favor del accionar policial, puesto que para algunos se habría actuado acertadamente y se habría cumplido con el deber. Y se escuchan comparaciones con el caso Sayago. ¿De qué deber estamos hablando? ¿De dónde se sacan razones para justificar semejante crimen? ¿Desde cuándo para detener a un acusado de robo se necesitan tantos efectivos, la utilización de armas de guerra como el FAL, o automáticas como las 2 PA3 utilizadas en el procedimiento? ¿Qué hacía un policía de Gobernador Gregores con un FAL en su auto particular, en un procedimiento que no le competía, a cientos de kilómetros de su localidad, y cómo termina siendo el arma homicida?”
Luego señala “Como toda respuesta corporativa, la campaña de defensa del oficial Perea debe ser severamente criticada, puesto que se estaría apañando no ya el abuso de autoridad policial, sino el “gatillo fácil” y el asesinato. La policía como cuerpo represivo del Estado no tiene entre sus deberes el asesinato”.
“En realidad los llamados “excesos” policiales, no son tales sino el resultado de una fuerza preparada para pegar, y acostumbrada al encubrimiento de sus fechorías. Cuando con el pretexto de combatir el delito y el crimen, aquellos que cuentan con la legitimidad pública para actuar a nombre del conjunto de la sociedad, deciden pasar por encima de los derechos consagrados en la constitución, y no son castigados por ello, entonces estamos en presencia de un “Estado Policial”.
En otro tramo de la nota aclara “La Jueza que actuó en los procedimientos antidroga en Las Heras, la noche del sábado 25 evidentemente no confía en la policía local, o sospecha de su connivencia con esa “mafia”, dado que apeló a fuerzas policiales de otras regiones (denunciamos a propósito de este procedimiento, la brutalidad y la violencia innecesaria y desproporcionada ejercida en los operativos sobre gran cantidad de vecinos). La investigación de una fundación sobre “las casitas” en Río Gallegos nos ha mostrado la estrecha relación entre las fuerzas policiales y estos turbios negocios.
En este sentido resulta muy grave la posición adoptada por el gobierno provincial que se reunió con la plana mayor de la policía y expresó su completo respaldo a la misma a pesar de las denuncias de connivencia de la policía con la trata, con la droga y de la exacerbada violencia policial contra la juventud en las calles y en las comisarías de toda la provincia”.
Finalmente el El FUT-Partido Obrero concluye que “ reclama la apertura de los libros de las comisarías al conocimiento de los ciudadanos, el derecho a sindicalización de suboficiales y agentes de la policía, la selección de personal policial por medio de comisiones vecinales, con participación de las organizaciones obreras, populares y de derechos humanos, la separación efectiva de todo policía que “pegue”(en las palabras del ministro Barreto), el juicio y condena de los delitos cometidos por la policía en el
marco de la represión, el espionaje o la tortura y la disolución de los cuerpos represivos de la policía provincial
