Luego del gran debate público y mediático que se armó alrededor del yacimiento de uranio en Las Heras y la invasión de empresas, incluyendo Fomicruz, haciendo cateos y prospección en Laguna Sirven, propiedad de la familia Limonao; el ente minero de Santa Cruz decidió “legalizar” el acuerdo de superficiarios, es decir la autorización de los dueños de la tierra para que ingresen los equipos de trabajo, con la familia Limonao, todos ellos residentes en las Heras a quienes en el año 1986 por instrumento público de la HCD y el gobierno provincial, le cedieron 12 mil 500 hectáreas en lo que comprende Laguna Sirven y alrededores, un lugar que hoy es ampliamente conocido porque allí se asienta uno de los yacimientos uraníferos más importantes del país.
Por este motivo el día jueves 20 de abril se reunieron en Las Heras junto a los Limonao, el abogado de Fomicruz, el Dr Antonio Geréz, dos geólogos de la empresa, el cura párroco Luis Bicecgo y el abogado de la familia, el Dr César Amaya, tal como lo muestran las fotos de obtenidas en ese momento.
El objetivo o el mandato que tenía el Dr Geréz era de que los aborígenes aceptaran cobrar un cheque por 42 mil 900 pesos, para cerrar el acuerdo con superficiarios y de alguna manera trazar una línea en esta discusión tan larga que se armó a partir de que sacamos a la luz la existencia de dos acuerdos incumplidos con el Cacique José Limonao.
Nuestras fuentes aseguran que el Dr. Geréz insistió con el pago pero fue en aquel preciso momento en que el representante legal de la familia, el Dr Amaya se opuso porque consideró que el acuerdo firmado por José Limonao con la impresión del dígito pulgar era nulo y también porque pidió que previo a cualquier acuerdo quede debidamente establecido en el mismo una cláusula de que la provincia de Santa Cruz hará cumplir el “Plan Cacique Limonao”, es decir, que se les reconozca la propiedad de las tierras y cumplan con todas y cada una de las promesas que se hicieron oportunamente como proveerle de casas para vivir, ovejas, semillas, caminos y una escuela en la Reserva.
Fue entonces cuando el Dr Antonio Geréz manifestó que “desconocía” la existencia del “Plan Cacique Limonao” y visiblemente contrariado por no haber alcanzado el objetivo que le habían marcado desde Fomicruz, dijo que iba a consultar con las autoridades para ver si se aceptaban las nuevas condiciones.
El Plan que nadie conoce
El 04 de junio de 1985 con la firma del diputado Provincial Eduardo Arnold como presidente del Bloque del PJ y sus pares Gregorio Gutiérrez y Lorenzo Segundo Vicente, Ingresó a la Cámara el proyecto “Plan Cacique Limonao” que proponía la asistencia a la colonia ubicada en el paraje denominado Villa Picardo y allí señala al lugar con una extensión de 12.500 hectáreas, que en los datos catastrales figuran como las a, b y d del Lote 9 y c y d del Lote 2, ambos de la Sección XI, fracción B de la provincia de Santa Cruz, según consta en los registros de tierras del CAP.
Este plan indicaba que el CAP tendría a su cargo el otorgamiento del permiso definitivo quedando sujeta la cláusula a que en las tierras vivieran descendientes directos de indígenas y que ocuparan efectivamente la tierra.
En su punto dos, sobre las obligaciones que le cabe al CAP, expresa “elaborará un plan de entrega de ovinos a cada familia, de acuerdo a la receptividad del suelo”. Luego dice que “proveerá de semillas cuya especie y cantidad estará dada según los requerimientos de cada familia y también deja expresado el texto que el CPA implementará un plan de de asistencia y asesoramiento técnico.
Sobre el papel de Vialidad Provincial, el plan Cacique Limonao señala que el ente “procederá a la reparación de los caminos vecinales existentes en la colonia, con acceso a la ruta 501”.
Al Ministerio de Asuntos Sociales lo compromete para “disponer la asistencia sanitaria periódica y permanente de los habitantes de la colonia. Asimismo creará un fondo de mejoramiento de las instalaciones rurales”.
En cuanto a las obligaciones que asumió en aquella oportunidad el Ministerio de Cultura y Educación, indica “dispondrá la creación de una escuela rural dotada de un vehículo de transporte de capacidad limitada para posibilitar la asistencia de los alumnos que habitan a mayor distancia”. Y más adelante aclara “ Asimismo gestionará la cesión en comodato o mediante cualquier figura legal, las instalaciones actualmente abandonadas, situadas en el campo del establecimiento Cerro Silva, las que serán destinadas para el asentamiento del edificio escolar, el cual cumple con los requisitos mínimos exigidos para un establecimiento de esta naturaleza”.
Todo este asistencialismo que describe el Plan Cacique Limonao, los legisladores acordaron que serían costeados por el Estado y cargados a Rentas Generales.
El Plan fue ideado en virtud de que en una recorrida previa, los diputados habían observado que los aborígenes vivían en condiciones precarias manteniéndose solo con lo que podían reunir como jornaleros en estancias cercanas. Ya en la apreciación que hacían los legisladores advertían que las casas donde vivían eran “verdaderos refugios”, donde solo el techo era de chapa y las paredes de adobe o barro.
Por entonces se encontraron con que los aborígenes del lugar no tenían ningún tipo de organización social, es decir no conformaban una tribu ni tenían un cacique “Las normas consuetudinarias de la raza han desaparecido para dar lugar a la cultura campesina”, explicaban en el documento los observadores.
El Plan, luego, describe los distintos asentamientos que encontraron en su recorrida y entre ellos mencionan a las poblaciones de “Cerro La Yegua”, “El Tranquilo”, “Puerto César Funes”, “Cerro La Ventana”, “Villa Picardo”, “Laguna Sirven” y “El Guadal”. En todos los casos el informe describe la familia que habita cada casa y las condiciones de habitabilidad que encontraron allí.
Este proyecto fue sancionado como ley el 29 de octubre de 1986 y promulgado el 14 de setiembre del mismo año bajo el Nº de Ley 1862, Decreto 1637/86.
En el Artículo 1º ratifica el proyecto y avala el otorgamiento de una superficie aproximada a los 12.500 has. Y en el inciso b del mismo artículo señala que de la Laguna Sirven ceden 7.500 has del Lote Nº 22 y 2.500 has del Lote 21. A partir de allí aprueba sin modificaciones los fundamentos establecidos en el proyecto. Esta ley contó con la firma del entonces Gobernador Arturo Puricelli, Alfonso Borquez como Ministro de Asuntos Sociales y Juan Héctor Albornoz como Ministro de Gobierno de la provincia de Santa Cruz.
Todo claro, sin embargo…
La ley 1862 “Plan Cacique Limonao” está en vigencia desde 1986, sin embargo el abogado de Fomicruz, ente estatal que tiene la responsabilidad de realizar actividades mineras en la provincia, dijo no conocer ni el proyecto ni la ley que lo reglamenta. A la vista de quienes analizan el accionar de Fomicruz parece extraño que no tengan idea de la existencia de esta norma después de más de dos años de realizar cateos dentro de la propia Reserva.
Sin embargo hay un hecho aún más grave, y es que a pesar de la existencia de esta ley el propio Estado provincial impulsa y alienta la intromisión de Fomicruz y las empresas que pidieron o hacen prospección de uranio, sin la debida autorización de los naturales cuando ni siquiera ha cumplido con lo que taxativamente expresa la norma donde obliga al los sucesivos gobiernos (del 86 hasta hoy) a dar cumplimento a lo resuelto por el parlamento santacruceño y el propio Ejecutivo.
Pero todo no termina allí.
Como si fuera poco, el hecho de que la provincia desoyera la existencia de esta ley y la haya incumplido, por documentación a la que hemos tenido acceso, el 29 de octubre de 1974 (es decir 12 años antes que la promulgación de la ley que creaba el Plan Cacique Limonao) se promulgó la Ley 937, Decreto 216 por la cual se creaba la Comisión Provincial de Apoyo al Aborigen compuesta por cinco miembros con cargos honorarios: uno por el CAP, uno por el Ministerio de Asuntos Sociales, dos por parte de la Cámara de Diputados provincial y uno por parte del Consejo Provincial de Educación.
En su Artículo 2º la Ley promulgada por la Legislatura en el 74 invitaba a la Congregación Salesiana y a Gendarmería Nacional a incorporar un representante cada uno a esta Comisión de los cinco ya mencionados. Y la Comisión Provincial de Apoyo al Aborigen tendría como finalidad “hacer cumplir lo relacionado a la protección, el bienestar y a la salud de los integrantes de las Reservas” dice expresamente el Instrumento.
Doce años después (en 1986), cuando se promulgó la Ley 1862 (Plan Cacique Limonao) aún no había funcionado la estéril Comisión y los observadores de 1985 encontraron a los aborígenes en la indigencia que en el ´74 se había tratado de remediar.
Hoy, ya en 2009, 35 años después de la creación de la Comisión Provincial de Ayuda al Aborigen y 23 años después de la creación por ley del Plan Cacique Limonao, las familias de las Reservas siguen viviendo en la indigencia, son analfabetas, no tienen quien las proteja, invaden sus tierras, desconocen sus derechos y a pesar de los ríos de tintas y las horas que se emplearon en discursos y promesas, nada parece diferenciar la calidad de vida de los que sobreviven en la actualidad, con la de sus ancestros.
