
Amparados por ADEPA y por la Asociación de Tele radiodifusoras Argentinas (ATA), la oposición parlamentaria quería exigir que el proyecto de la Ley se Servicios Audiovisuales pase por la Comisión de Asuntos Constitucionales ya que, según un comunicado de ATA, de sancionarse la ley “se afectarían derechos constitucionales.
Entre esos derechos figura la seguridad jurídica puesto que aducen que la ley tiene alcances retroactivos.
El diputado radical de Entre Ríos y Vicepresidente de la Comisión de Comunicaciones, Gustavo Cusinato, fue uno de los primeros en alzar la voz al respecto. Sostuvo que sí o sí debe pasar por Asuntos Constitucionales ya que “va a afectar de manera inevitable relaciones y contratos”.
Patricia Bullrich, de la Coalición Cívica señalo que "este es un proyecto transversal a temáticas de envergadura como es la libertad de expresión. En la Constitución hay artículos taxativos sobre qué es la libertad de prensa, por eso es clave que el proyecto pase por la comisión de Asuntos Constitucionales".
Bullrich tuvo conceptos durísimos contra la norma del Poder Ejecutivo al afirmar que “esta ley tiene connotaciones fascistas, yo le diría lopezrreguista" .
Además agregó que "es de un retroceso terrible para la Argentina" porque, "crea un comisariato político para la regulación de los medios argentinos". Y dudó que todo el oficialismo brinde y apoyo cuando se entere de eso.
La estrategia de la oposición era pedir el giro del anteproyecto de Ley de Servicios Audiovisuales a la mayor cantidad de comisione posibles para demorar el tratamiento de la iniciativa del Poder Ejecutivo.
Por eso, más allá de tres comisiones donde fue girado el ante proyecto (Presupuesto y Hacienda, Comunicación e Informática y Libertad de Expresión), la Coalición Cívica, el PRO, LA UCR y el peronismo desidente, pretendían que el proyecto también fuera a Peticiones, Poderes y Reglamento, porque crea un organismo bicameral y por lo tanto el mismo reglamento obliga a que intervenga esa comisión. También a la de Cultura, por los temas relacionados a la producción de contenidos y las cuotas de pantalla de cine y a Deportes por la televisación de los eventos deportivos.
Estos pretensiones fueron descartados de plano por el oficialismo bajo el argumento de que no hay antecedentes en la Cámara de Diputados de proyectos que hayan sido girado a más de tres comisiones.
Otras de las tácticas que está evaluando la oposición, sobre todo el radicalismo y la Coalición Cívica, es no dar quórum en las comisiones.
"Nosotros queremos una nueva ley de Radiodifusión, pero también queremos que la discuta el Congreso con la composición surgida de las elecciones pasadas y con plazos de discusión apropiados para una ley estratégica como ésta", se justificó en ese sentido Fernando Sánchez, de la Coalición Cívica.
Esta semana habrá reuniones para todos los gustos y colores entre los distintos bloques opositores para trazar una estrategia oficial frente al proyecto de la polémica.
Pero más allá de las tácticas y estrategia de los legisladores de la oposición, el oficialismo tiene decidido avanzar en el tratamiento de la ley en cuestión. Para eso fijó para este jueves 03/09, una reunión plenaria de Presupuesto y Hacienda, Comunicación e Informática y Libertad de Expresión, para discutir las pautas de trabajo a realizar. Urgente24 pudo saber que la idea del oficialismo es sacar dictámen de comisión lo más rápido posible.
Hoy por hoy tiene 60 legisladores entre propios y aliados de los 104 que representan el total de las tres comisiones mencionadas
Asi las cosas los 108 diputados oficialistas, si es que no hay alguna nueva deserción, más los aliados de la centro izquierdo: 9 de Solidaridad e Igualdad, 2 de Concertación –Forja (Morgado, Vázquez), 6 de Frente Cívico por Santiago, 1 de Movimiento Independiente (Lorenzo Borocotó), 5 de Encuentro Popular y Social de Basteiro, Ibarra y compañía, 4 de la Concertación, bloque escindido del cobismo, le darían los 135 votos (necesitan 129), para aprobar la media sanción de la Cámara de diputados, tal cual sucedió con la prórroga de las facultades delegadas.