El proyecto de ley del Kirchnerismo, de aprobarse, afectará directamente a los grandes holdings de la comunicación, que deberán desprenderse de parte de sus activos y empresas asociadas. Las pérdidas podrían ser millonarias, por eso no sorprende que Clarín (entre otros) de tan ardua batalla. Pero cuál es la historia de la Ley que el proyecto K quiere desplazar:El nuevo proyecto pretende desplazar a la ley de Radiodifusión 22.285, sancionada en marzo de 1980 por Videla. En su texto original ésta ley destilaba rasgos autoritarios y centralistas para que el Estado ejerza el control de los medios, aunque sean administrados por empresas privadas.
Originalmente, la Ley prohibía el ingreso de capitales extranjeros a empresas licenciatarias de medios públicos. Esas empresas sólo podrían contar 20 personas físicas como socios (lo que impedía la formación de multimedios. Además, no podían acceder a licencias de canales de aire empresarios de la prensa gráfica. Esta cláusula que hoy podría ser la misma que atenta contra los intereses del grupo Clarín, en su momento fue una traba para que Héctor Ricardo García (dueño de Diario Crónica y vinculado al peronismo), obtuviese la licencia de canal 11 (actualmente TELEFE).
Con todo lo que tiene para ser reprochado, en realidad no fue la Ley de la dictadura lo que fomentó el crecimiento del Grupo Clarín, convirtiéndose en la empresa multimediática más grande del país. Fueron modificaciones hechas esa ley, durante el gobierno de Carlos Menem. En principio, la sanción de la Ley 23.696 de Reforma del Estado (agosto de 1989) permitió flexibilizar varios puntos de Ley de Radiodifusión.
Los aspectos más importantes fueron que: se permitió acceder a licencias de frecuencias a personas vinculadas los medios gráficos. Se eliminó el artículo que exigía que la empresa licenciataria debía tener como único objetivo la prestación de servicios de radiodifusión, lo que permitió que ingresen a las sociedades corporaciones vinculas a la telefonía, y otros rubros. Y se eliminaron las restricciones al número de socios permitidos para cada empresa, y al número de licencias que una persona física o jurídica podía tener (no más de tres de televisión o radio en el texto original), aumentando a 24.
Otra modificación de la Ley 22.285 que vale la pena mencionar es la celebración de tratados internaciones que adquirieron estatuto de ley con la reforma de la Constitución Nacional de 1994. El tratado de Protección Recíproca de Inversiones de Inversiones consideró a los capitales extranjeros como nacionales y facilitó el ingreso a la industria de medios a empresas como: Telefónica-Telefé, HMT&F-Cablevisión, Goldman & Sachs-Grupo Clarín o Televisión Directa al Hogar (Direct Tv).
Hubo varias modificaciones más en el transcurso de todos los gobiernos hasta llegar a la era K, que permitieron la concentración multimediática y aprovecharon las valiosas alianzas que las concesiones generaban. Incluso algunas hechas por el ahora adalid de la libertad de expresión y del antimonopolio.
Las medidas tomadas bajo el gobierno de Néstor Kirchner que beneficiaron directamente a los grandes conglomerados mediáticos fueron: Las licencias de los canales de televisión 11 y 13 vencían en el año 2005 pero a través de la resolución 1.837/04 se renovaron automáticamente por diez años más, sin llamar a concurso público. Esto obviamente favoreció directamente a grupos como Clarín y Telefónica.
Además, el 20 de mayo del 2005 el presidente Kirchner firmó el decreto Nª 527, que establecía la suspensión del cómputo de las licencias por diez años, de los servicios sonoros, televisivos y complementarios en todo el país, medida que infringe la ley de radiodifusión vigente, 22.285. (Califano Bernadette, “Mucho Ruido, Pocas Leyes”, Guillermo Mastrini editor. Editorial La Crujía).
La aprobación de la Nueva Ley de Servicios Audiovisuales afecta los intereses del los grandes Grupos, que los gobiernos pasados, y el mismo gobierno K ayudaron a construir. Y no sólo serán las pérdidas económicas sino también los nuevos jugadores que ingresen al mercado de las telecomunicaciones, al habilitar la participación de empresas de servicios públicos al negocio de la televisión por cable.
Mientas las relaciones entre el Gobierno y el Grupo Clarín se mantuvieron tranquilas, el proyecto de Ley fue sólo una promesa. Ahora con la guerra declarada, y la posibilidad de sanción antes del 10 de diciembre el mapa de medios podría reorganizarse drásticamente.
Las actividades de la empresa de Ernestina Herrero de Noble quedarían fuera del margen legal. También se verían afectados varios grupos empresarios como es el caso del holding Vila-Manzano.
Fuente:baires.com.ar
