La titular de la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de Prevención y Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la fiscal Mónica Cuñarro aseguró hoy que los poderes públicos "deben adecuar" la política criminal sobre drogas en base a la sentencia de la Corte Suprema.
Buenos Aires, 23 de octubre (Télam).-Al hablar en una jornada sobre salud y drogas realizada en el Congreso Nacional, Cuñarro reivindicó el fallo de la Corte Suprema de Justicia, de agosto último, que declaró la inconstitucionalidad penalizar la tenencia de drogas para consumo personal. "Es un fallo para ser cumplido y acatado en un Estado de derecho", sentenció Cuñarro, quien planteó además la necesidad de cumplir con la exhortación de la Corte de que "los poderes públicos readecuen la política criminal". Cuñarro disertó hoy en la IX Reunión del Consejo Federal de Legisladores de Salud (Cofelesa), encuentro que se desarrolló en la Cámara de Diputados y del que participaron también los ministros de Educación, Alberto Sileoni; y de Salud, Juan Mansur. En su exposición, Cuñarro destacó los lineamientos del fallo de la Corte Suprema sobre el caso "Sebastián Arriola", que declaró la "inconstitucionalidad del inciso 2 del artículo 14 de la ley de drogas vigente", que reprime la tenencia de estupefacientes para consumo personal con pena de prisión de 1 mes a 2 años. Según el máximo tribunal, la inconstitucionalidad del artículo es aplicable a aquellos casos de tenencia de estupefacientes para consumo personal, que no afecten a terceras personas. A modo de ejemplo, Cuñarro detalló que los resultados de un "mapa criminal" realizado por el Comité Asesor en todo el país determinaron que el "80 por ciento" de los casos judiciales de drogas involucra a jóvenes que "no son adictos ni tienen vinculación con el tráfico de drogas o antecedentes penales". Además, de acuerdo con ese análisis, se comprobó que "la inteligencia policial, en cambio, era errática con respecto a las causas graves". Cuñarro mencionó también situaciones contrapuestas permitidas por el sistema penal actual, como el hecho de que un acusado adicto niegue su condición por recomendación de su abogado y quede fuera de la posibilidad de un tratamiento, al igual que alguien que no padece adicciones pero sí se asume adicto para purgar penalidades vía rehabilitación. Entre las "deudas" que el Estado todavía mantiene con el fallo de la Corte, la fiscal mencionó la ausencia de un "plan de contención y prevención nacional" del consumo de drogas y la "falta de controles en todos los organismos encargados de tareas de rehabilitación". Apuntó que, según los estudios realizados en todo el país, "los problemas más graves se registran por el abuso de alcohol en centros urbanos" y que en segunda instancia aparece el consumo de marihuana. En cuanto al "paco" y solventes, Cuñarro advirtió que su consumo "es muy bajo pero está concentrado en grandes lugares de marginalidad y analfabetismo, por lo que hay que enfrentarlo cuanto antes porque se trata del sector más vulnerable".
