Drogas: Dura carta al Gobernador de La Pampa

“El flagelo de las drogas abarca la nación entera sin distinguir entre pobres y ricos, norteños o sureños, originarios o impíos”. Cincometas.com entrega a sus lectores una carta dirigida al Gobernador de La Pampa, Oscar Mario JORGE, exigiéndole realizar las acciones contra los mercaderes de la muerte que prometió durante su campaña y nunca realizó.




Quien envía la misiva que obtuvo en exclusiva www.cincometas.com , es el ex intendente de Santa Rosa Juan Carlos TIERNO, que fue expulsado de ese cargo por atacar en forma directa y decidida a LOS VENDEDORES DE DROGA. Aquella maniobra se llevó adelante entre integrantes del Consejo Deliberante, los dos diarios de la Capital provincial y la movilización de personas asistidas por dineros anónimos. Aquí la misiva…



SANTA ROSA, 4 de septiembre de 2009.-

Señor

Titular del Poder Ejecutivo provincial

C. Jorge

CIUDAD

Como conocerá un estamento del Estado Nacional –la Corte Suprema de Justicia de la Nación- ha declarado inconstitucional una norma de la Ley de Estupefacientes y así desincriminó la tenencia de estupefacientes (no sólo de la marihuana) para uso personal, aunque también ha sostenido que ello no significa “legalizar la droga”.

En la misma resolución, ha expresado:

- que los medios implementados para el tratamiento de los adictos han sido insuficientes hasta el día de la fecha;

- que el tiempo transcurrido desde la vigencia de la Ley de Estupefacientes que aplicaba una sanción a quien se comprobara que era consumidor sino cumplía la medida curativa, ha demostrado el fracaso de las razones por las que la Corte mantuviera la prohibición;

- que han aumentado los indicadores de consumo de todas las drogas legales e ilegales en la Argentina, afectando centralmente a niñas, niños y adolescentes y a sus familias.

Y concluyendo la Corte: “QUE SE DEBE SUBRAYAR EL COMPROMISO INELUDIBLE QUE DEBEN ASUMIR TODAS LAS INSTITUCIONES PARA COMBATIR EL NARCOTRÁFICO” y así “EXHORTAR A TODOS LOS PODERES PÚBLICOS A ASEGURAR UNA POLÍTICA DE ESTADO CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y A ADOPTAR MEDIDAS DE SALUD PREVENTIVAS CON INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN DISUASIVA DEL CONSUMO, ENFOCADA SOBRE TODO EN LOS GRUPOS MÁS VULNERABLES, ESPECIALMENTE LOS MENORES A FIN DE UN ADECUADO CUMPLIMIENTO CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS SUSCRIPTOS POR EL PAÍS” (textual de parte resolutiva II del fallo “ARRIOLA, Sebastián y otros”).

Disiento con esa resolución judicial, y en el contexto socio-institucional actual, con marcada pasividad de los Estados (Nación, Provincias y Municipios) e hiperactividad del tráfico y consumo de drogas, lamentablemente considero que aumentará todavía más el drama de la droga.

Los tratados de Derechos Humanos conllevan proteger la vida, la salud, la protección de los menores y la familia, la convivencia social y la seguridad integral, y la DROGA DESTRUYE VIDAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES, como lo sostiene de años la Organización Mundial de la Salud.

Como se podrían haber cumplido las medidas de seguridad educativa y curativa previstas en la ley vigente para el consumidor, si el Estado nunca constituyó estructuras para los tratamientos y el sistema de salud público era el primer expulsor de los enfermos por adicción a drogas.

Acá en La Pampa:

- por nuestra insistencia pese a las renuencias hasta en el Congreso partidario de tratamiento se incluyó en la “PLATAFORMA POLÍTICA 2007-2011” del Partido Justicialista la creación del “CONSEJO CONSULTIVO PROVINCIAL DE LAS ADICCIONES”, que no es sino la concreción de una POLÍTICA DE ESTADO PARA TRABAJAR EN REDES SOCIALES el Gobierno Provincial, todos los Municipios e Instituciones no Gubernamentales (religiosas de todos los credos, padres preventores, deportivas, culturales, de la juventud, etc.) y a casi dos años de estadía, esa promesa no se ha cumplido.

- usted conoce que nuestro gran objetivo de planear una propuesta conjunta era para implementar reales POLÍTICAS DE ESTADO en gravísimas problemáticas sociales que la realidad ha demostrado que no estaba equivocado y la firme convicción de “DECLARAR LA LUCHA SOCIO-INSTITUCIONAL CONTRA LA DROGA, EN LA QUE NADIE PUEDE PERMANECER NEUTRAL” como lo juré al asumir mis obligaciones como Intendente de ésta Ciudad;

- Como lo dije en aquel tiempo y lo sostengo con la confirmación del transcurso del tiempo para algún confundido que los ataques contra nosotros aparte de los participantes de la “política” y de las dos empresas de diarios de ésta Ciudad y sus satélites, provenían de intereses de la DROGA y así remover a toda persona o estructura de acción real que complicara sus respectivos intereses;

- se consignó en aquella misma PLATAFORMA que la SEGURIDAD SEGUIRÁ SIENDO POLÍTICA DE ESTADO QUE SE IMPLEMENTARÁ CON LA PARTICIPACIÓN COORDINADA DEL GOBIERNO PROVINCIAL, MUNICIPIOS, COMISIONES DE FOMENTO Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, “YA QUE PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS SE DEBE IR A LAS FUENTES” (textual de la misma plataforma); Pese a ello no se puso en marcha el CONSEJO PROVINCIAL DE ABORDAJE INTEGRAL DE LA SEGURIDAD, creado durante nuestro Ministerio y rápidamente desactivado a nuestra salida. En los delitos –aún de menor cuantía- está presente el drama de la droga, incluso para proveerse de dinero para su compra al narcotraficante;

- se desactivó por evidente aunque no escrita DECISIÓN POLÍTICA la LEY DE RESPONSABILIDAD DE PADRES, TUTORES Y RESPONSABLES MAYORES, por conductas de peligro de menores de edad, no iniciándose las causas para determinar si las conductas de niñas, niños y adolescentes en riesgo no son consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de sus mayores responsables y así que el Juez conociendo la situación familiar ordene al Estado (Ministerio de Bienestar social) el abordaje integral de recuperación de toda la familia y no disponer la privación de la libertad del menor en no pocos casos bajo la problemática de una u otra forma de adicción (alcohol, pegamentos, etc);

- Ni el poder Ejecutivo ni los fiscales judiciales inician las causas expresamente previstas en el Código Procesal Penal que están plenamente vigentes. Así siguen siendo los menores la “variable de ajuste” y de exclusivo peso de las consecuencias por incumplimientos de responsables mayores, incluidos los funcionarios públicos;

- Cuando generamos el PLAN INTEGRAL DE ABORDAJE DE LAS ADICCIONES (prevención integral, capacitación de padres y jóvenes, educación para la salud, creación de centros del Estado para la recuperación de adictos, control protectivo en escuelas, lugares de diversión, encuentro de menores, vía pública), no fue para constituir otro exponente burocrático con capacidad para distribuir subsidios, pero mínimamente para realizar aquellas tareas en Red social); a la par de haberse gravemente desmantelado el área de prevención de toxicomanía de la Policía provincial con muchos años de tesonero trabajo en soledad con especialistas que se desafectaron para actividades ajenas a su experiencia y que formaran y apoyaran a organizaciones de padres y familias preventoras en toda la provincia. Ciertamente ocupaban lugares por acción que la “política” no podía equiparar;

- Se dejó de aplicar por la Provincia y los Municipios la Ley de Inhalantes con acciones que yendo a las “fuentes”, se puede erradicar y con tratamiento inmediato de rehabilitación para los consumidores que en casi su totalidad son menores;

- También la promesa QUE PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS SE DEBE IR A LAS FUENTES”, a los grupos de menores más vulnerables se los debe reinsertar en la educación y de acuerdo a su edad en la cultura del trabajo y que no se puede sustituir con un subsidio o discurso ampuloso que LOS NIÑOS SON LOS UNICOS PRIVILEGIADOS;

- Porque al no ejercer ninguna Autoridad ni sus obligaciones ante temas muy difíciles sea por incapacidad, negligencia o complicidad y no asumir costos ni riesgos, los asume la comunidad y primero y más gravemente como pasa con la droga desde el alcohol en adelante, y los niños (personas menores de 18 años) como principales víctimas;

- Si no hay límites a nada, no va a haber límites para la droga y la omisión de la prevención integral (familia, escuela y Comunidad), ES UN SUBSIDIO AL NARCOTRAFICO DE ALTISIMO COSTO: SUFRIMIENTO HUMANO;

- Así, se prometió al Pueblo de La Pampa crear un CONSEJO CONSULTIVO DE PREVENCION DE ADICCIONES. A casi dos años de estadía, ¿por qué no se lo creó? Ello no requiere en principio de erogaciones más que de una DECISIÓN POLÍTICA de CUMPLIR CON LA PROMESA, sin dejar de reconocer que se necesita de VALENTIA PARA ENFRENTAR A LA DROGA que tal como pasa en el Mundo se relaciona con no pocos participantes del poder para atacar a toda estructura y personas que saben lucharán sin entregarse contra ellos. Por supuesto, no enarbolarán bandera alguna relacionada con el narcotráfico y actividades satélites sino, de la Libertad para no tener que respetar ninguna Autoridad, orden, respeto, solidaridad social, porque es el desorden, individualismo, desprotección de los más vulnerables en donde logran el aumento de su negocio de destrucción que conlleva VIDAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES, y QUE NO SIEMPRE SON AJENAS;

- En la desintegración social impidiendo la formación de redes de base territorial y acrecentando el individualismo, la resignación ciudadana a que no es posible luchar contra la droga y el arte de la huída del problema por el poder Político, está el exponencial aumento del consumo y tráfico de todo tipo de DROGAS y por lo que la Corte ha exhortado a las Instituciones estatales a que se ocupen. ¿Y si esa exhortación y el fracaso por incumplimiento de funcionarios públicos es la principal causa de aumento de la droga en su consumo y tráfico, por qué la Corte no dispone una AUDIENCIA PUBLICA ante un drama de contaminación mucho más grave que la del Riachuelo para su definitivo saneamiento y determinar con participación popular genuina, los funcionarios que en cada jurisdicción por su omisión facilitaron o alentaron sea por negligencia, incapacidad o complicidad el aumento de la droga?

- Acá se pusieron rápidamente de acuerdo para derrocar a un gobierno, por qué no se ponen de acuerdo para hacer algo útil e impostergable por la Comunidad que es CUMPLIR CON LA PROMESA DE ESTABLECER UNA POLITICA DE ESTADO REAL EN LOS HECHOS CONTRA LA DROGA en toda la Provincia teniendo a Santa Rosa como lugar de mayor población y aumento de la problemática y similar pasividad pese a la publicidad de promesas de ocuparse de la SEGURIDAD DE LA POBLACION Y EL PROBLEMA DE LAS DROGAS;

- Asimismo, en esa POLITICA DE ESTADO se deben destinar para su ejecución fondos públicos que se destinan a empresas periodísticas con arbitraria distribución respecto a medios de difusión independientes para así destinar a campañas contra la droga, educación para la salud integrales.

Así, no estando de acuerdo con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia, participo de la EXHORTACION A LAS INSTITUCIONES (FUNCIONARIOS PUBLICOS) PARA CUMPLIR NO SOLO OBLIGACIONES LEGALES SINO SUS PROPIAS PROMESAS y que incluso en la plataforma se consignara para ser creíble ante el Pueblo que lo prometido era PARA GARANTIZARLO EN LOS HECHOS, MAS ALLA DE LOS DISCURSOS.



JUAN CARLOS TIERNO

fuente : c
lic

 
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