El juez federal Norberto Oyarbide confirmó que en el allanamiento a oficinas del Grupo Bapro se secuestró documentación que "tiene que ver con la investigación del posible delito de lavado de dinero" por parte del distribuidor farmacéutico Néstor Lorenzo y la Obra Social Bancaria (OSBA)."El allanamiento de las últimas horas en BAPRO [en las oficinas de la empresa en Carlos Pellegrini 91,Capital] tiene que ver con la causa principal que está en secreto de sumario", agregó el juez
Fuentes de la investigación indicaron que en el lugar se secuestraron "órdenes de pago irrevocables garantizadas", es decir documentos relativos al fideicomiso a través del cual la droguería San Javier, de Lorenzo, sospechosa de haber vendido medicamentos oncológicos y contra el sida adulterados, pasó a ser el principal proveedor de la OSBA.
Así lo denunció ante la Justicia la ex ministra de Salud Graciela Ocaña, quien sostuvo que los beneficiarios serían dos empresas: San Javier e Intermedicina, vinculada a Néstor Vázquez, quien fue gerente de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) durante la gestión de Héctor Capaccioli como titular de ese organismo.
La causa por la mafia de los medicamentos explotó hace casi un mes y se espera que en los próximos días el juez Oyarbide indague a los principales sospechosos en base a las pruebas recolectadas: Capaccioli, Lorenzo, el dirigente bancario Juan José Zanola y su pareja, Paula Aballay, entre otros.
El juez avanza con las otras causas conexas en donde se analizan la distribución de medicamentos adulterados, y por ello también actuó en la provincia de Córdoba.
