El gobierno busca que el proyecto de ley de Servicios Audiovisuales sea tratado sin modificaciones en el Senado de la Nación. Los puntos centrales que están en el centro del debate legislativo.El debate por la nueva ley de Servicios Audiovisuales sigue abriendo grietas no sólo entre el gobierno nacional y los grupos mediáticos concentrados, sino también en buena parte de la población, que aún sin estar muy informada sobre el texto de la ley, ya ha tomado partido por uno ú otro lado.
El proyecto de ley sobre regulación de los Servicios de Comunicación Audiovisual que impulsa el oficialismo tiene diversos aspectos que deben ser analizados a la hora de emitir una opinión sobre el mismo, y que tienden a cambiar de cuajo el sistema de medios en nuestro país.
Esta ley, que muchos miembros de la oposición la ven sólo como una manera de vengarse por parte del gobierno con el Grupo Clarín, tiene entre sus puntos centrales la intención de garantizar el derecho humano universal a la información y a la libertad de expresión, diferente a la posición que se mantiene en la ley actual, que fue dictada en la época de la última dictadura militar y limitaba el acceso de la población a los medios de comunicación, fiel a la propuesta represora que llevaron adelante durante sus años de mandato.
Uno de los puntos más cuestionados por la oposición es el tema de la Autoridad de Aplicación, que en el caso de la ley vigente está en manos de una sola persona, que es el director del Comfer (Comité Federal de Radiodifusión), que desde la llegada de la democracia en 1983 es un interventor, ya que antes era considerado como un órgano más de la dictadura que asoló al país en los años de plomo.
El nuevo proyecto, que cuenta con el apoyo de un sector de la oposición, mientras que el más radicalizado encarnado por la UCR, la Coalición Cívica y el PRO se manifiestan abiertamente en contra del mismo, dice que la Autoridad de aplicación será en este caso compartida por el Ejecutivo, el poder Legislativo y las organizaciones sociales, algo sin precedentes en el mundo, ya que en la mayoría de los regímenes presidencialistas del mundo, la autoridad de aplicación es nombrada por el Poder Ejecutivo sin consultar a nadie.
A pesar de eso, muchos miembros de la oposición aseguran que el kirchnerismo busca quedarse con este poder para poder “amordazar y maniatar” a los medios de comunicación a sus necesidades políticas, cuando en realidad lo que se busca es terminar con los monopolios comunicaciones y la concentración de medios que se vive hoy en día en la Argentina.
Para acabar con esta concentración mediática que se vive en la Argentina, donde cinco grupos mediáticos concentran casi el 90% del mercado del país. Con la nueva ley, se intenta que un mismo concesionario sólo podrá tener una licencia de servicio de comunicación audiovisual sobre soporte satelital; hasta 10 señales sonoras, de televisión abierta o cable (la ley actual permite que una persona sea dueña de 24) y hasta 24 licencias de radiodifusión por suscripción.
A ningún operador se le permitirá que dé servicios a más del 35 por ciento del total de la población del país o de los abonados, en el caso que corresponda. Por otra parte, quien maneje un canal de televisión abierta no podrá ser dueño de una empresa de distribución de TV por cable en la misma localidad, y viceversa. También se impide que las compañías telefónicas brinden servicios de televisión por cable.
El proyecto establece que para ser titular de una licencia se ponderarán criterios de idoneidad y de arraigo en la actividad. Excluirá a quienes hayan sido funcionarios jerárquicos de gobiernos de facto, atendiendo a la importancia de los medios en la construcción del Estado de Derecho y la vida democrática. Cuando el prestador del servicio fuera una sociedad comercial deberá tener un capital social de origen nacional, permitiéndose la participación de capital extranjero sólo de hasta un máximo del 30% del capital accionario.
El mercado radioeléctrico estará dividido a partir del momento en que ésta llegue a aprobarse en tres partes, por el Estado, el sector privado y las organizaciones sociales, cooperativas, ONGs, pueblos originarios y otros en partes iguales, dejando paso a la apertura a nuevas voces, que hasta el momento no eran tenidas en cuenta en la ley de la dictadura.
Para favorecer la producción local y la apertura de nuevas fuentes laborales, el proyecto que cuenta con media sanción en Diputados, establece que los servicios de televisión abierta deberán emitir un mínimo del 60% de producción nacional; con un mínimo del 30% de producción propia que incluya informativos locales. Las radios privadas deberán emitir un mínimo de 50% de producción propia, que incluya noticieros o informativos locales. El 30% de la música emitida deberá ser de origen nacional. Quedarán eximidas emisoras dedicadas a colectividades extranjeras o temáticas.
La antigua ley 22.285 del año 1980 que todavía sigue rigiendo los destinos de la radiodifusión local, establecía que las licencias duran 15 años y pueden prorrogarse por 10 más. La propuesta actual aconseja que duren 10 períodos y se podrán extender previa realización de audiencias públicas.
El punto más álgido en el debate en la Cámara Alta, radica sobre todo en el tema de cuánto tiempo tendrán los actuales dueños de medios para desprenderse de los mismos. La norma aprobada en la Cámara Baja estipula que los actuales grupos deberán vender sus activos en el plazo de un año, mientras que la oposición plantea cambiar el mismo y elevarlo como mínimo a tres años, algo que parece contar con el beneplácito de varios legisladores oficialistas, descontando cambios en el Senado a la iniciativa del Ejecutivo, lo que le traería problemas al kirchnerismo a la hora de aprobar sin cambios la ley como ha exigido en las últimas hora la presidenta Cristina Fernández.
La normativa que pretende imponer por ley el kirchnerismo, se reserva para cada Estado Provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una frecuencia AM, una FM y una de televisión abierta. Cada Estado Municipal tendrá reservada una frecuencia FM.
Distintas visiones de la sociedad sobre la nueva “madre de todas las batallas” que da el oficialismo por estos días, y que tienen como telón de fondo su pelea con el Grupo Clarín, a quien ha llamado su “enemigo público número uno” y que con esta nueva ley de radiodifusión le estaría dando el golpe de gracia al holding mediático conducido por Héctor Magnetto.
Una ley que marcará el destino de los medios de comunicación en la Argentina por las próximas décadas y que tiene distintas opiniones dentro de la sociedad, que espera que se construyan consensos en su clase dirigente y no que la división pueda perjudicar a los argentinos en el futuro.
agenciacna
